La Audiencia juzga este martes a un exasesor jurídico del gobierno de Matas por desviar 95.000 euros a sus familiares

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará entre este martes y miércoles al exasesor jurídico y exsecretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) -empresa dependiente del gobierno balear- Miquel Àngel Bonet, para quien la Fiscalía y la abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan cinco años y tres meses de cárcel por desviar presuntamente más de 95.000 euros a la cuenta corriente de sus familiares, entre cuyos titulares se encontraba una pariente nonagenaria, a quienes hizo pasar por proveedores de servicios que nunca se llevaron a cabo.

Así lo señalaron fuentes judiciales a Europa Press, que precisaron que será el tribunal de la Sección Segunda el que se encargue de enjuiciar estos hechos, más de dos años después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma pusiera fin a la instrucción de estas pesquisas.

En concreto, Bonet será el primer imputado del caso Ibatur (centrado en el presunto desvío masivo de fondos a través de esta empresa pública durante dos legislaturas -de 2003 a 2011-) que se sentará en el banquillo, y junto a él serán juzgados cuatro familiares que resultaron beneficiados de esta supuesta trama, quienes se enfrentan por su parte a un año y tres meses de prisión cada uno.

Bonet fue detenido en febrero de 2009, cuando no sólo reconoció haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros familiares, malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que se le impuso como fianza -posteriormente ampliada a 250.000 tras ser detenido por segunda vez-.

En concreto, la Fiscalía, a cuyo escrito de calificación se ha adhirió la abogacía autonómica, acusa a Bonet de los delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y falsedad por funcionario, a los que pide que se aplique la atenuante de confesión.

Y es que, según postula el Ministerio Público, durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007) Bonet llevó a cabo las gestiones necesarias para que se crearan expedientes de contratación pública y que éstos fuesen sufragados por el Ibatur sin que se realizase a cambio contraprestación o servicio alguno. Para ello, confeccionó expedientes de contratos menores en los que simulaba que los acusados eran contratados para prestar trabajos a la Administración que en realidad nunca se hicieron.

Unos inexistentes servicios que eran facturados al Ibatur para luego, una vez obtenido el pago, ser incorporado al patrimonio de los imputados, tal y como relata la Fiscalía en su escrito de calificación. Así, Bonet tramitó el pago de 20.543 euros al acusado Alberto Garí; 32.306 euros en favor de Cristina Middelmann; 20.668 euros a Margarita Fiol -en una cuenta en la que también figuraba María Teresa F.N., de 97 años de edad y que no tuvo participación en los hechos-, y 22.018 euros a Silvina Guijarro.

En total, 95.536 euros que fueron supuestamente desviados a las cuentas corrientes de estos acusados sin que a cambio se prestase contraprestación o servicio alguno por estos expedientes.

DETENIDO EN DOS FASES POLICIALES DEL CASO IBATUR

Cabe recordar que la detención del encausado se produjo en la primera fase policial del caso Ibatur, a la que siguieron cuatro operaciones más con más de una veintena de arrestados entre exaltos cargos de PP y UM y empresarios presuntamente implicados en una trama que habría servido para desviar millones de euros desde la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo.

Bonet volvió a ser detenido en junio de 2010 junto a los exgerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, en el marco de una causa que permaneció bajo secreto durante más de año y medio.

Las investigaciones del caso se extienden asimismo a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf, dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic. Una de las líneas de investigación apunta al desvío de unos 17 millones de euros con motivo del patrocinio de este evento por parte del gobierno a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar en torno al torneo que se celebra anualmente en s'Era de Pula (Son Servera).

Las pesquisas apuntan además a que entre 2005 y 2007 el Ibatur efectuó un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas. Las investigaciones se ampliaron posteriormente a la pasada legislatura, cuando UM estaba al frente de la Consejería de Turismo.