La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el acusado de estafar a un inversor con acciones ficticias por 385.766 euros

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para el acusado de estafar a un inversor mallorquín mediante la venta de acciones ficticias por un total de 385.766 euros. El inculpado formaba parte de una organización criminal europea que se dedicaba a la captación de ingentes cantidades de dinero procedentes de inversores, prometiéndoles altas rentabilidades, conducta conocida en términos policiales como 'boiler room'.

En concreto, sobre Ronald R.W., quien se sentará en el banquillo el martes, a las 10.00 horas, para ser juzgado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, pesan delitos de falsedad documental, estafa y asociación ilícita. El Ministerio Público reclama además que indemnice al perjudicado con la cantidad que le fue defraudada y haga frente a multas que ascienden a un total de 10.200 euros.

Junto a Ronald R.W. se encontraban en la organización Nicholas A.J. y Joseph B., quienes sin embargo no han podido ser localizados. Todos ellos, a efectos de crear la apariencia de solvencia necesaria para atraer a futuros inversores, constituyeron en julio de 2002 una mercantil en Panamá a la que denominaron The Armstrong Group, que teóricamente tenía como objeto social la compra, venta y negociación de todo tipo de artículos de consumo, acciones, bonos y valores.

Tal y como relata la acusación pública en su escrito de calificación, los integrantes de la trama contactaron asimismo con un especialista para la creación de una web en la que publicitaron sus servicios; alquilaron un local en el centro de negocios de Zurich; montaron una central de llamadas en la zona financiera de Londres, y abrieron cuentas corrientes en entidades bancarias de numerosos países, a las que iban transfiriendo las cantidades ingresadas por los inversores.

Así las cosas, tras la puesta en escena de toda la maquinaria, comenzaron a captar clientes de varios países y, entre ellos, en Mallorca, a Antonio S.C., con quien la organización entró en contacto para ofrecerle la compra de acciones de una compañía llamada Duravest, facilitándole información falsa sobre las perspectivas de esta mercantil.

De este modo, el 27 de noviembre de 2003 le propusieron la adquisición de 6.000 acciones por un importe global de 12.120 dólares que el inversor aceptó. Varios días después, señala la Fiscalía, una persona no identificada de The Armstrong Group se puso nuevamente en contacto con el inversor mallorquín para que incrementara su inversión con un paquete mayor de acciones, hasta que, tras reiteradas llamadas telefónicas, efectuó una transferencia de 89.810 euros por la compra de 54.000 acciones.

Siguiendo el mismo 'modus operandi', volvieron a contactar con Antonio S.C., quien en enero de 2004 adquirió 90.000 acciones por 126.209 dólares, mientras que a finales de ese mes formalizó la compra de 100.000 acciones más por un importe global de 159.598 euros.

ADQUIRIÓ 181.818 SUPUESTAS ACCIONES

Según el Ministerio Fiscal, a efectos de dar mayor apariencia de seriedad y solvencia, la organización, en julio de 2005, confeccionó un certificado de las acciones que supuestamente había vendido al inversor mallorquín, y en el que de forma "absolutamente inveraz" se hacía constar que era propietario de 181.818 acciones.

La organización que había creado este entramado se apoderó de las cantidades transferidas por Antonio S.C. a su cuenta bancaria, haciéndolas suyas, y no destinándolas por tanto a la adquisición de acciones de la compañía Duravest, que, añade la Fiscalía, "permanecía al margen e ignorante de las citadas operaciones". En concreto, el grupo disponía de cuentas corrientes en Suiza, Chipre, Letonia y España.