La teniente de la Guardia Civil de Calviá ordena no avisar a los familiares de los detenidos de raza negra, según AUGC

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este sábado la orden dictada por la teniente comandante del puesto de Calviá (Baleares) el pasado 8 de julio, en la que prohíbe a los agentes realizar diligencias o avisar a los familiares de los detenidos que sean de raza negra, independientemente de su nacionalidad y del motivo por el que hayan sido detenidos.

En la orden, que la asociación remite junto con una nota de prensa, se mandata que, desde el 8 de julio, cuando se produzca una detención en el puesto principal de un individuo de raza negra los agentes deberán llamar al jefe del Área de Investigación, y limitarse a la lectura de los derechos, la exposición de la patrulla y la recepción, en caso de que la detención la haya llevado a cabo la Policía Local.

"No se realizarán diligencias de aviso a familiares ni a ninguna otra hasta que el jefe de área dé las instrucciones oportunas", continúa la circular, que precisa que si la detención se produce en la madrugada, el aviso deberá realizarse a las 8 horas del día siguiente.

DEPURAR RESPONSABILIDADES

Para AUGC, esta orden es "contraria a derecho, ilegal, racista y xenófoba" y supone además un "atentado claro contra los Derechos Humanos" del detenido, pero también con consecuencias "graves" para los propios agentes, ya que cumplirla "supondría conculcar uno de los principios básicos de actuación recogidos" en su ley orgánica.

Esto es, que deben "actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión". Principios que también se recogen en otras normas y tratados comunitarios e internacionales como la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Por eso, AUGC exige que se depuren responsabilidades y recuerda que ésta no es la primera orden de esta naturaleza que se producen en diferentes comandancias. De hecho, el año pasado ya solicitó a la Dirección General de la Guardia Civil que "los servicios jurídicos se pronunciasen sobre la legalidad de las órdenes que se están impartiendo por diversos mandos de toda la geografía nacional", como las que exigen identificar un número mínimo de personas --"lo que obliga a los agentes a identificar por identificar"-- o las que reclaman identificar a extranjeros o personas cuyos movimientos podrían ser "interesantes".

Finalmente, la asociación recuerda que al tratarse de órdenes dictadas por mandos tienen "consecuencias disciplinarias" en caso de que algún número las incumpla, y señala que hay presentada una denuncia ante el Defensor del Pueblo por este motivo.