Independientes de la Guardia Civil (igc) solicita mayor protección jurídica para los guardias civiles

Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) queremos denunciar públicamente que la fatídica muerte, el pasado día 11 de junio, del agente de policía nacional en Andújar (Jaén), cuando realizaba sus cometidos policiales para reducir a una persona armada con un martillo y un cuchillo, es sólo la punta del iceberg que pone de manifiesto la precaria situación que padecen las FFCCSE y el resto de policías de todo el territorio nacional, los cuales desgraciadamente se enfrentan a estas graves situaciones en infinidad de ocasiones. Es una realidad que las fuerzas policiales de este país nos sentimos desamparadas ante un escenario legislativo que no solo no nos da toda la protección necesaria, sino que nos penaliza enormemente a la hora de actuar ante situaciones de extrema gravedad, que requieren del uso efectivo de armas. Esto hace que, ante una situación de riesgo extremo para la vida, los policías y guardias civiles antepongamos nuestros temores a las posibles responsabilidades penales y laborales y en muchas ocasiones terminan en hechos desgraciados para los agentes y el personal civil.

Por parte de IGC queremos denunciar que actualmente un Agente de la Guardia Civil realiza una cantidad insuficiente de ejercicios prácticos de tiro que le permita desarrollar y mantener un óptimo manejo de su arma. Asimismo, la formación teórica ante situaciones críticas con armas de fuego y otras potencialmente letales es prácticamente nula.

Por parte de las asociaciones profesionales hemos solicitado constantemente a los distintos responsables de la Dirección General de la Guardia Civil una mayor formación en materia de prácticas de tiro e intervenciones ante situaciones críticas, sin que a día de hoy se hayan adoptado las medidas necesarias al respecto.
Como ya denunciamos en diciembre del pasado año, según los datos publicados por el propio Ministerio del Interior, a través del SEC, (Sistema Estadístico de Criminalidad), se puede observar que prácticamente la totalidad de los delitos se dispara por encima del 20%.

El Balance de criminalidad a nivel Nacional, en los primeros tres trimestres del 2022, arrojaron unos datos estremecedores, ya que, a excepción del delito de secuestro, aumenta la comisión de todos los demás y de forma dramática. Por poner algunos ejemplos, los homicidios y asesinatos consumados, aumentaron un 13,9%, las agresiones sexuales con penetración un 21,5%, los robos con violencia e intimidación un 26,8%, los hurtos un 36,8%, 477.934 en los tres primeros trimestres del 2022. El total de las infracciones penales aumenta un 22,2%.

Ante este realidad, solicitamos que por parte de las Autoridades competentes en materia de seguridad del Estado, se nos asignen pistolas eléctricas, tipo TASER, a todos los policías y Guardias Civiles para neutralizar amenazas ante aquellas situaciones de extrema gravedad que así lo requieran, el reparto total de chalecos antibalas así como una formación teórico-práctica de calidad y continuada durante toda la vida laboral y un desarrollo normativo que no criminalice a los agentes cuando tienen que hacer uso de sus armas de fuego, siempre que se ajuste a los principios establecidos de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Solicitamos igualmente la modificación de las penas en el Codigo Penal, en materia de seguridad ciudadana y en cuanto a atentado y agresiones contra los agentes policiales, asi como la consideración de estos como AUTORIDAD y la catalogación de su profesión como DE RIESGO.

No debemos olvidar que es responsabilidad de un estado de derecho el garantizar la seguridad de sus ciudadanos con una policía de calidad, con una buena formación y con unos medios materiales adecuados que permitan realizar las misiones encomendadas con todas las garantías, tanto para los propios agentes como para los ciudadanos.