Govern quiere reducir la brecha digital y acercar la administración a la población

Fomentar la formación de los consumidores vulnerables para reducir la brecha digital y acercar la administración a la población, impulsando la digitalización y favoreciendo las ventanillas únicas en colaboración con otras administraciones, son algunos de los objetivos principales de la Dirección General de Consumo, que este año cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Así lo han explicado hoy la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y el director general de Consumo, Fèlix Alonso, durante la reunión del Consejo de Consumo, un órgano de participación, información, consulta y asesoramiento en materia de consumo y defensa del consumidor, en el que tienen voz las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales, además de las diversas administraciones.

La consellera Gómez ha destacado que, en un mundo cada vez más cambiante y complejo, es primordial que los consumidores conozcan sus derechos y las vías para poder defenderlos de forma eficaz en caso de que consideren que han sido vulnerados.

Con el objeto de mejorar las herramientas y capacidades de los consumidores y facilitar su acceso a la administración pública, sobre todo a las personas de mayor edad, la Dirección General de Consumo tiene previsto renovar con los ayuntamientos de las islas los convenios del programa «Consum a ca teva».

Estos convenios permitirán la coordinación entre las dos administraciones para acercar la ventanilla única a la ciudadanía en materia de consumo y actualizar los conocimientos y competencias de los trabajadores de la Administración local para que puedan orientar a los usuarios de forma resolutiva.

Del mismo modo, se hará un especial esfuerzo para llegar a las personas mayores a través de la colaboración con los consells insulares. El objetivo es aumentar la autonomía personal en relación al consumo y contribuir a reducir la brecha digital y atender las demandas, inquietudes y consultas de las personas más vulnerables.

En definitiva, el objetivo en 2022 es ampliar la labor formativa que ya se venía desarrollando y colaborar también con entidades sociales y empresariales para reforzar los conocimientos sobre los derechos de los consumidores de la población en general. Estos cursos se impartirán en el Espacio Consumo, ubicado en el Casal Ernest Lluch, que ha sido dotado de la tecnología y el mobiliario necesario.

Durante el encuentro, el director general se ha referido a otros objetivos para 2022, entre los que también se encuentra impulsar la administración de consumo electrónica, culminar la digitalización de los procedimientos de reclamaciones y solicitudes de arbitraje, y desarrollar campañas de inspección y control, con especial atención a la venta por internet.

Alonso ha agradecido el esfuerzo y dedicación de los profesionales de la Dirección General de Consumo en los últimos dos años, que han sido especialmente complicados debido a la pandemia, y ha destacado la imprescindible labor que realizan las asociaciones en la defensa de los derechos de los consumidores.

Este año, ha recordado, se destinarán 35.000 euros a entidades para desarrollar actividades que tienen por objeto dar a conocer los derechos y deberes de los consumidores y usuarios, y las formas más adecuadas para su ejercicio, con el objeto de facilitar la comprensión y utilización de la información a la que tienen derecho. Otros objetivos son favorecer la adopción de hábitos que contribuyan a hacer un consumo responsable, promover la información, la educación, la formación y el asesoramiento de los consumidores o impulsar la colaboración y el diálogo entre las asociaciones y cualquier administración sobre materias de interés general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios.