Asuntos Sociales pide un compromiso social para perseguir el delito de explotación sexual a menores

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha comparecido ante la Diputación Permanente del Parlament de les Illes Balears y ha pedido un compromiso social de toda la ciudadanía para, entre todos, perseguir el abuso y la explotación sexual de menores.

Ante la Diputación Permanente, Santiago, se ha comprometido a continuar trabajando en la formación universal (a toda la población), la formación selectiva (a profesionales) y la formación indicada (a los que trabajan específicamente con menores). Además también ha asegurado que se convocará una mesa de expertos que hagan seguimiento y ayuden a valorar la situación actual; se seguirá trabajando con la coordinación interdepartamental para mejor los protocolos para adaptarlos a las necesidades cambiantes; se desplegará la ley del menor y se harán campañas de sensibilización con los consells insulars.

Al Estado, Fina Santiago, le pide que todos los fiscales tengan acceso al Registro Unificado del Maltratador Infantil (RUMI); que en el RUMI se diferencie entre abuso sexual y explotación sexual de forma extensiva a todas las comunidades autónomas como se hace en Baleares de forma pionera; que incremente el número de fuerzas de seguridad a nuestra comunidad autónoma; que aumente la dotación del número de fiscales y jueces de menores; que cambio la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre acción policial durante la desaparición de menores de edad y que modifique la circular que establece que los menores fugados de un centro no son prioritarios.

Además para Santiago es imprescindible informar a las menores de los riesgos a los que están expuestas ante los explotadores sexuales. Tienen que estar informadas de cómo se las puede captar y como tienen que actuar ante un supuesto caso. A los profesionales también se les tienen que seguir formando para que puedan tener más herramientas para detectar posibles capturas y para proteger mejor a las víctimas. Esta lacra social, añade Santiago, hace más de 40 años que se produce pero no nos tenemos que cansar de luchar contra ella.

Pioneros en el protocolo

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes ha recordado que Baleares es la primera comunidad autónoma que tiene un protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil y explotación sexual en Baleares, un protocolo de actuación que se puso en marcha en coordinación y colaboración con los consells insulars, las conselleries de Educación y Salud, la Fiscalía de Menores, los órganos judiciales y policiales pertinentes, y entidades especializadas presentes en Baleares.

Baleares es también la única comunidad autónoma que en el Registro Unificado de Maltrato Infantil estatal se distingue entre abuso infantil y explotación sexual infantil que implica que detrás hay intereses económicos.

3 millones más de presupuesto

Desde el 2015 hasta ahora la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ha aumentado de 8 millones a 11 millones el presupuesto destinado a los centros de gestión propia de justicia juvenil.

Un aumento de presupuesto que ha permitido que en los últimos cuatro años se hayan contratado 56 nuevos profesionales; se hayan formato más de 2200 profesionales; se hayan construido y reformado centros; aumentado de 16 a 63 las cámaras de seguridad; incrementado el contrato de seguridad de 47.328 horas a 86.061; revisado todos los sistemas contraincendios; entre otras medidas de mejora.

Santiago también ha recordado que durante este mismo periodo se ha separado a los niños y niñas en dos centros; el Fusteret por las niñas y el Pinaret para los niños dado que en un mismo espacio coincidían abusadores o captadores con las víctimas.

También en la anterior legislatura, se ha aplicado el plan de emancipación de extutelats donde se ha apoyado (renta, vivienda, orientación sociolaboral...) a jóvenes que, al cumplir los 18 años perdían el apoyo de la administración dejándolos en una alta vulnerabilidad.

La formación, clave

Durante el periodo 2016-2019 se ha realizado formación externa (2200 profesionales participantes en el protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil y explotación sexual infantil, detección de casos de Explotación Sexual Infantil ESI; y Balora, el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo), formación interna para los trabajadores dependientes de la Conselleria y su sector público instrumental.

Despidos

Hay que recordar que el motivo de la comparecencia de hoy era explicar ante la Diputación Permanente los despidos que se hicieron entre 2016 y 2019 de cinco trabajadores de los centros socioeducativos que tuvieron una conducta sexual inadecuada hacia los menores ingresados.
Santiago ha detallado que se detectó un caso el 2016, dos el 2018 y dos el 2019. Automáticamente, en cada uno de los momentos en que se produjeron los hechos, se puso en marcha una investigación interna, se abrió un expediente y finalmente se procedió al despido de un hombre y de cuatro mujeres.

De estos cinco casos, se determinó que dos eran muy graves y tres eran graves. Al instante, además del despido, ante las sospechas de un posible delito, se pusieron cuatro de los casos en manos de la Fiscalía para que evaluase si se tenían que abrir diligencias.

Santiago ha insistido que estas actitudes son siempre reprobables, pero en el caso de los trabajadores con menores se tiene que ser todavía más tajante. Por este motivo, advierte que siempre que se detecten comportamientos poco ejemplares hacia un colectivo tan vulnerable como los menores judicializados, la Conselleria será implacable y expedientarà y despedirá el trabajador público.

Competencias

Hay que recordar que la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes se ha atendido en todo momento al máximo respeto institucional y competencial, según lo establecido al Estatuto de Autonomía, la Ley 8/1997 de atribución de competencias a los consells insulares en materia de tutela, acogida y adopción de menores y según la ley 4/2009 de Servicios Sociales de las Illes Balears.

Dentro de estas funciones no existe la función de supervisión y control de los organismos insulares. Según las funciones sí atribuidas en la Conselleria han desarrollado diferentes acciones para mejorar la coordinación y la acción institucional en beneficio de los menores.