Sociedad

IBFAMILIA pide que se salvaguarde el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores

Actualizado el 20/01/2020 07:15                Compartir

Comunicado:

“A mis hijos los cuido yo”, una frase muy en boca de todos y que ahora en estos momentos la ministra Celaá ha tirado por tierra al afirmar que “no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres”. Se intenta asimilar propiedad, con derecho y deber de educar. Muy triste .

Esto no ha hecho más que empezar. Según nuestros gobernantes abanderados de a favor del aborto, un bebé no nacido pertenece a su madre y puede hacer con él lo que le plazca, hasta incluso matarlo. Pero una vez nacido, pasa de manera mágica a pertenecer al Estado, que debe educarle para protegerle de los padres que le han dado la vida. La educación es un proceso que se inicia desde el momento del nacimiento, inclusive antes del nacimiento y finaliza al alcanzarse la plenitud como persona humana.

Cuando la mayoría de los padres elegimos, en uso de nuestro derecho, un determinado centro para nuestros hijos, o una determinada opción pedagógica, no lo hacemos por capricho o por buscar un privilegio; no, lo hacemos por defender nuestras convicciones, ya sean éstas morales, religiosas, filosóficas o pedagógicas. Y el ejercicio de ese DERECHO DEBE SER GARANTIZADO POR EL ESTADO.

La Constitución española de 1978, con toda claridad, apuesta y aboga por una enseñanza que sea educación de la persona. No se queda en una mera instrucción y transmisión de conocimientos y saberes, de capacidades y destrezas.

Según el Artículo 27.3 los poderes públicos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Por otro lado según la Declaración universal de los derechos humanos en el Artículo 26.3 los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Debemos oponernos al Estado que monopoliza la educación, que la utiliza para fines partidistas o para imponer una determinada ideología. Un gobierno que decide unilateralmente el uso de los recursos que pertenecen a todos y premia o castiga a los que siguen o no siguen sus políticas particulares. Y siempre con una característica en común: la imposición. En una sociedad libre, sólo impone quien no es capaz de convencer con argumentos. El problema está en que no hay argumentos que sustenten sus objetivos con los que convencer a nadie, más allá de los beneficios en euros o en votos. De ahí que solo les queda la imposición, y en ello están. Si a esto sumamos que la supuesta capacitación de los ponentes no es otra que su adscripción a una determinada asociación o “colectivo” como se dice ahora, entonces estamos hablando ya de una situación de emergencia en cuanto a la educación de nuestros hijos.

Es un ataque negar que la LIBERTAD DE ENSEÑANZA sea un derecho constitucional de los padres, porque la existencia de diversos tipos de centros, con su carácter propio e ideario, es una muestra del pluralismo educativo, y precisamente los centros de iniciativa social, confesionales o no, son la condición de posibilidad del ejercicio de ese DERECHO.

El conflicto ha sacado a la luz un problema de fondo: ¿debe prevalecer la autoridad paterna o la dirección escolar en asuntos que tienen que ver con la educación moral de los hijos?. Cuando se trata de proporcionar a los niños no ya datos científicos sino criterios morales, los padres piden, pedimos que se respete su papel de primeros educadores de sus hijos, sin que la escuela contradiga sus convicciones.

Cuando un hijo nuestro quiere ir a una excursión programada por el colegio, los padres deben firmar una autorización para que el hijo participe en la misma. No es decisión del director del colegio ni del hijo; es decisión de los padres. Del mismo modo, si se va a impartir una formación extracurricular, los padres tienen derecho a decir si su hijo asistirá o no lo hará. Si además esa “formación” tiene que ver con unos contenidos antropológicos muy distintos a los que queremos para nuestros hijos y que pueden atentar gravemente contra su forma de ver la vida, la realidad o las relaciones con los demás, entonces la responsabilidad de los padres es máxima.

IBFAMILIA defiende que la familia es el mejor ámbito para educar en valores, especialmente a través del ejemplo de los padres ante sus hijos. Los padres tienen el derecho de que el Estado no violente ni impida la transmisión de los valores familiares a los menores. La función educadora de la familia comienza con el cariño con que miramos al recién nacido en la cuna. Es ahí donde empezamos a educar.

Al tocar un ámbito en el que existen amplias y sanas diferencias de opiniones en la sociedad, el Estado no debe imponer un único modelo de educación, y en ningún caso debe facilitar este tipo de formación a los menores sin el expreso consentimiento de los padres, y mucho menos en contra de los valores afectivo morales que los padres desean transmitir en familia.

La razón que nos lleva a afirmar rotundamente y con tanta frecuencia que los padres somos los primeros que tenemos derecho a educar a nuestros hijos es una razón de amor. Yo tengo derecho a educar a mis hijos porque los quiero, no porque lo diga la Constitución, aunque me alegro de que esta me reconozca ese derecho.

Ese es el fundamento del derecho a educar de los padres: el amor que sentimos por nuestros hijos. Y ninguna ley nos lo puede arrebatar. Ninguna.

No hay duda de que la familia es el principal obstáculo de los poderes públicos para imponer una ética estatal. Por ello, el objetivo es acabar con el derecho de los padres a educar conforme a sus valores y creencias garantizando el libre acceso a las conciencias de los menores, como ya intentaron en su día con Educación para la Ciudadanía mientras ponen en el punto de mira a los centros concertados. No se trata de público o concertado, lo que nos jugamos son derechos y libertades fundamentales como ciudadanos.

Somos incómodos para quienes tienen interés en transformar la sociedad en una masa acrítica que asuma como propias las modas ideológicas del momento (tras las que se esconden los beneficios económicos o electorales para sus impulsores).

Sin duda estamos ante una controversia muy ácida, y como siempre en todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos, hay sectores cuyas posturas tienen más que ver con la ideología que con el bien del menor. Los contenidos formales que se dan en el aula están regulados y son claros. Todo lo que no sea eso requiere, cuando menos, el visto bueno de los padres. Y no solo los contenidos, sino el quién los imparte, con qué medios y en qué horario.

Desde IBFAMILIA pedimos que se salvaguarde el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores. Aunque parezca obvio, hoy parece necesario recordar que son niños a los que hay que acompañar en su crecimiento, y hacer que éste sea lo más armónico posible, sin disonancias ni intentos de acelerarlo.


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