Los ciudadanos de Baleares, los cuartos que menos usan los servicios de emergencias 112 y 061

Los ciudadanos de Baleares son los cuartos que menos usan los servicios sanitarios de emergencias 112 y 061, al registrar 121 demandas por cada mil habitantes al año.

Los ciudadanos de Asturias y Cataluña son los que más usan los servicios de urgencias y emergencias dependientes de los centros de gestión 112 y 061, con más de 200 demandas por cada mil habitantes al año, más del doble que los ciudadanos de las dos castillas y tres veces más que los de Extremadura.

Así se desprende de un informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recogido por Europa Press, con el que el departamento de Ana Mato pretende dar a conocer con qué efectivos cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS) para responder a las necesidades sanitarias en situaciones de urgencia y emergencia a través de estos servicios específicos, y la utilización que hacen de los mismos los ciudadanos.

Las autonomías con más demandas sanitarias son Asturias (278 por cada mil habitantes), seguida de Cataluña (215), Galicia (195), La Rioja (189), Ceuta y Melilla (188), Andalucía y Murcia (ambas con 160) y Cantabria (156).

Ya por debajo de la media nacional estarían País Vasco (151), Canarias (144), Navarra y Aragón (138), Madrid (126), Comunidad Valenciana (125), Baleares (121), Castilla-La Mancha (94), Castilla y León (92) y Extremadura (46).

En este sentido, en 2012 se registraron un total de 7.157.332 demandas sanitarias, 153 por cada mil habitantes, de las que 1,5 millones fueron consultas informativas y 5,6 millones correspondieron a incidentes sanitarios.

De estos, uno de cada tres (1,7 millones) fueron resueltos sin necesidad de movilizar recursos mientras que en el resto (3,8 millones) fueron necesarios el uso de ambulancias u otros vehículos especiales.

No obstante, si se analizan las tasas de peticiones al 112 y al 061 se observan "importantes variaciones" en el uso de estos servicios según las comunidades.

Pese a liderar las demandas sanitarias, Asturias es sin embargo la comunidad donde se resuelven las consultas sin necesidad de recurrir al uso de ambulancias u otros vehículos, algo que sólo sucede en el 30 por ciento de los casos. En cambio, en Castilla y León y Extremadura más del 89 por ciento de los casos acaban requiriendo el desplazamiento de algún dispositivo móvil.

Además, el informe también muestra el perfil de los trabajadores que dependen de estas estructuras de gestión, tanto profesionales sanitarios (médicos y personal de Enfermería) como conductores de vehículos y teleoperadores.

LAS CCAA EXTERNALIZAN PARTE DE ESTOS SERVICIOS

En total, estos servicios cuentan con 17.355 trabajadores, de los que 10.200 son conductores, 3.141 médicos, 2.852 personal de Enfermería y 1.162 teleoperadores. Sin embargo, el informe muestra que estos profesionales no siempre pertenecen al sistema público y todas las comunidades tienen en mayor o menor medida "externalizado" este servicio a empresas.

En el caso de médicos y enfermeros, la mayoría de comunidades tienen a todos estos profesionales dentro de sus plantillas salvo la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Canarias. En el caso de la comunidad insular, sólo el 35 por ciento de los médicos y el 8 por ciento de los enfermeros son personal "propio".

Sin embargo, en el caso de los conductores Andalucía es la única región en la que todo el colectivo pertenece al sistema público, mientras que en Madrid y Murcia son cerca de la mitad (56 y 43 por ciento respectivamente). Además, un total de 11 comunidades (Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja) tienen este colectivo completamente externalizado.

Sucede lo mismo con los teleoperadores, ya que en hasta diez comunidades (Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y La Rioja) estos trabajadores son externos al sistema público.

Por contra, en Asturias, Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco forma parte en su totalidad del sistema público, mientras que en Baleares, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla se apuesta por un modelo mixto.