Actualizado el 03/10/2013 20:03 Compartir
Médicos del Mundo solicitará una reunión urgente con el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y el conseller de Salud, Martí Sansaloni, a fin de proponer la adopción de medidas que supongan el fin de la "discriminación" sanitaria derivada de la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, que supuso la exclusión de los inmigrantes en situación irregular del sistema nacional de salud, excepto en supuestos especiales.
En un comunicado, la entidad considera que la respuesta escrita ofrecida por el conseller al grupo parlamentario MÉS, en la que reconoce que el Servicio de Epidemiología no pudo realizar un adecuado seguimiento de la tuberculosis que padecía Alpha Pam al no contar con sus datos personales, "supone un espaldarazo a las tesis de la organización, que ha mantenido desde el principio que la retirada de la tarjeta y la reforma sanitaria fueron causas necesarias de la muerte del joven senegalés".
De este modo, inciden desde Médicos del Mundo, las autoridades sanitarias "admiten, seis meses después de la tragedia", que Pam "desapareció" del sistema sanitario público y "escapó a su capacidad de seguimiento por no tener tarjeta sanitaria, como ocurre con otras 800.000 personas en España".
Tal y como asevera en este sentido, en Baleares se les ha retirado a más de 20.000 personas el derecho a la asistencia sanitaria normalizada "por el simple hecho de estar en situación administrativa irregular, como si esto impidiese que enfermasen", afirma la presidenta de la entidad, Celsa Andrés.
Según señala Médicos del Mundo en relación a la respuesta de Sansaloni, se trata de la primera vez que, por escrito, una administración reconoce "un efecto clave derivado de la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012: la ruptura de los protocolos de seguimiento de enfermedades transmisibles como consecuencia de la falta de acceso a la historia clínica de estas personas".
"Desde Médicos del Mundo hemos denunciado en múltiples ocasiones que al no estar controladas y vigiladas, las patologías transmisibles constituyen un peligro para la salud pública", afirma Andrés, quien apunta que, a pesar de aceptar que es así, la administración no está tomando medidas para solucionar esta situación ni se ha planteado la derogación del RDL, norma que "puso fin a la universalidad del sistema público de salud, creando una situación que está llevando a numerosas personas a situaciones de indefensión y abandono
sanitario e incluso, como hemos podido comprobar, a la muerte".
A su juicio, estas declaraciones "demuestran que el fallecimiento de Alpha Pam es algo más que un simple error, como lo calificó la ministra de Sanidad, Ana Mato. En realidad, es una consecuencia directa de la normativa aprobada por el gobierno", advierte Celsa
Andrés. Es por ello que insiste en la urgencia de restituir la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas que residen en territorio nacional, ya que con esta norma "no se asegura la cobertura básica necesaria".
"El caso de Alpha Pam, quien hubiera salvado la vida de haber contado con la documentación sanitaria pertinente que hubiera permitido la práctica de pruebas accesorias, demuestra que una norma que pone en riesgo la vida de las personas no debe mantenerse en nuestro cuerpo jurídico", concluye la organización.
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