Los sindicatos impugnarán los servicios mínimos de profesores propuestos por la Conselleria de Educación

Los sindicatos han manifestado que impugnarán los servicios mínimos que ha propuesto la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en los colegios públicos, que consistirán en el director y el secretario académico de cada centro más el 30% de la plantilla en los centros de educación infantil y primaria, el 25% en los de secundaria y el 20% en los centros con regimenes especiales, como el conservatorio.

Así lo han manifestado el secretario general del STEI-i de Baleares, Biel Caldentey y el secretario general de la FECCOO, Toni Baos, quienes han calificado esta propuesta de "abusiva" e "inadmisible" porque priva del derecho a huelga a muchos docentes.

Además, se han mostrado en contra de que sea el director de cada centro el que decida qué profesores sean los que vayan a trabajar, como ha propuesto la Conselleria.

En cuanto a los colegios concertados, los servicios mínimos propuestos son los mismos, con el matiz de que en las direcciones no existe la figura del secretario, por lo que se sustituye por la de subdirector o jefe de estudios.

En este sentido, el secretario de enseñanza privada del STEI-i, Paulí Aguiló, ha destacado que en muchos centros concertados se imparten conjuntamente primaria y secundaria, por lo que ha advertido de que si se contabilizan los servicios de infantil y primaria por un lado y los de secundaria por otro, se exigiría al menos la presencia de la mitad de los profesores en el centro, más la del director y el jefe de estudios o subdirector.

Por su parte, el director general de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos, Bartomeu Isern, ha señalado que "en principio no queremos acumular porcentajes", por lo que la Conselleria prevé el requerimiento del 30% de los profesores que imparten clases a alumnos de infantil y primaria y el 25% de los de secundaria por separado.

Por último, Isern ha añadido que los aspectos legales en relación a este tema serán estudiados jurídicamente antes de la publicación de las decisiones finales en el BOIB.