Actualizado el 03/09/2013 19:03 Compartir
Según un informe de Hacienda recientemente entregado al juez instructor José Castro, al que ha tenido acceso Europa Press, el pliego de prescripciones de esta convocatoria establecía que, para concurrir a la misma, los licitadores debían acreditar la captación de patrocinadores para el Mundial, aportando con su oferta los precontratos o acuerdos alcanzados con éstos, sin los cuales sería rechazada la oferta. El plazo para la presentación de ofertas finalizada el 13 de diciembre de 2006.
Sin embargo, en un minucioso análisis de 215 páginas, la AEAT llama la atención sobre el hecho de que el 2 de febrero de 2007 -"muy posterior" a la finalización del plazo otorgado para la presentación de ofertas-, el administrador de Nimbus, Miquel Romero -imputado en la causa-, solicitó una prórroga en el tiempo otorgado a pesar de que los pliegos nada decían sobre la posibilidad de ampliar el plazo para acreditar la captación de patrocinadores.
Una solicitud que, no obstante, fue concedida el 22 de marzo por parte de la Fundació Illesport, según Hacienda, que destaca que, como ejemplo de patrocinio celebrado durante el plazo de prórroga concedida consta el suscrito por 47.633 euros entre Nimbus y Melchor Mascaró, que precisamente era una de las empresas que formaba parte de la UTE encargada de la construcción del Palma Arena, que debía estar lista antes de la celebración del Mundial.
"Es decir, parece que alguno o algunos de los precontratos o acuerdos firmados por ambas partes -licitador y patrocinador- de los patrocinios del Campeonato son de fecha posterior a la presentación a la licitación", subrayan los inspectores de la AEAT, que apunta en esta línea a la posible existencia de importes de patrocinio preconcebidos, lo que se refuerza con la idea de que la mayoría de los patrocinadores eran entidades contratistas del Consorcio para la construcción del velódromo.
Asimismo, tal y como precisa Hacienda, si se analiza la relación de patrocinadores de la campaña se aprecia cómo la entidad mercantil Lightled S.L. efectuó distintas ventas al entorno de la UTE del velódromo. Más en concreto, operaciones por 755.000 euros a FCC Servicios Industriales y Energéticos, 137.561 a Elecnor y 7.174 euros -no declarados- al arquitecto Luis García Ruiz, imputado en el marco del caso Palma Arena.
Se da la circunstancia de que los hermanos García Ruiz dirigieron las obras de construcción del velódromo, y una de las principales líneas de la investigación se centra en averiguar el motivo por el cual se le rescindió el contrato al arquitecto inicial, Ralph Schürmann, y quién ordenó contratar 'a dedo' a los García Ruiz, que acabaron percibiendo unos 9 millones de euros en honorarios por hacerse cargo de la ejecución de la infraestructura estrella del Govern de Matas.
En este orden de cosas, la Agencia Tributaria incide en "la más que posible relación" entre los contratos públicos que obtuvieron las empresas que integraban la UTE del Palma Arena y los contratos de patrocinio de la campaña de comunicación del Mundial.
Del mismo modo, el informe hace referencia a cuatro facturas por importe total de 845.547 euros emitidas por Nimbus a la entidad pública Illesport. De hecho, según la documentación que fue intervenida en el registro de la empresa publicitaria, el 13 de diciembre de 2006 Nimbus elaboró un resumen total de la campaña que arrojaba la anterior cantidad, por la que posteriormente fue contratada.
Sin embargo, el informe recuerda el hecho de que el anuncio de la Fundació Illesport por la que fue licitada la ejecución de la campaña de comunicación del Mundial tenía como fecha límite el 13 de diciembre. La cantidad global que acabó percibiendo Nimbus fue de un millón de euros debido a que a los 845.547 euros había que sumar 39.440 euros en concepto de IVA y el 20 por ciento por la tarifa de agencia en relación a los importes de patrocinio obtenidos más el importe de los costes generados por la ejecución de los patrocinios.
Cabe recordar que en el marco del caso Palma Arena, los investigadores indagan si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico adjudicaron sin concurso público diversos contratos a Nimbus, que organizó parte de la campaña electoral del PP de cara a las elecciones de 2007, y si esta empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP para los comicios autonómicos y municipales de ese año.
La causa, dividida en un total de 27 piezas separadas, investiga el sobrecoste de más de 50 millones de euros durante la construcción del Palma Arena (2005-2007), así como su conexión con la presunta financiación irregular del PP y el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas. También incluye entre sus pesquisas las relativas a la actividad del Instituto Nóos, la contratación presuntamente irregular del arquitecto valenciano Santiago Calatrava y la ramificación del caso Gürtel en Baleares.
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