Actualizado el 05/02/2026 13:41 Compartir
El PSIB-PSOE ha exigido al Gobierno de Prohens que ponga más recursos para atender las necesidades de acceso a la vivienda, y ha recordado que el Programa de Ayudas al Alquiler, que es de fondo del Estado, ya se ha agotado y han quedado más de 4.000 familias excluidas de este programa, por lo que hace falta que el Gobierno de combate esta emergencia residencial.
La vicepresidenta segunda del Parlamento y diputada socialista, Mercedes Garrido, ha criticado duramente que mientras cada vez hay más necesidad en materia de vivienda, ya que las ayudas de 750 euros se agotaron en 2024 y 2025, dejando más de un 35% de solicitantes fuera de ella, ahora el Gobierno de Prohens anuncia un programa de restauración de renta, dejando una vez más desatendida una necesidad primordial como es el acceso a la vivienda.
Garrido ha recordado que el PSIB-PSOE registró el mes pasado una Proposición no de ley (PNL) en el Parlament instante al Gobierno a incrementar considerablemente los fondos por ayudas al alquiler de vivienda, ya que las convocatorias anteriores de 2024 y 2025 han sido insuficientes. Por eso, la propuesta de los socialistas prevé incrementar en al menos 3 millones de euros cada una de estas convocatorias, a fin de llegar a todos los solicitantes que se quedaran fuera, y hacer lo mismo cuando publique la correspondiente a ayudas de 2026.
La convocatoria de ayudas al alquiler de 2024 contaba con una dotación de 9,2 millones de euros, que provenían del Plan Estatal de acceso a la vivienda y del Bo Lloguer Jove. El procedimiento era otorgar las ayudas según el orden de registro de entrada, por lo que más de 4.000 familias quedaron fuera porque se agotó el crédito.
La falta de actuaciones para favorecer a la ciudadanía es constante en todas las políticas del PP. Hoy el PP ha tumbado, junto a Vox, una iniciativa del Partido Socialista para hacer frente a la oferta turística ilegal, en pisos residenciales, mostrando una vez más que sólo les interesa blanquear las ilegalidades de las plataformas como Airbnb.
El diputado Llorenç Pou ha defendido en una Proposición no de Ley donde se instaba a los inspectores turísticos a realizar un plan de seguimiento de toda la oferta turística ilegal detectada en las plataformas de comercialización, durante 2026, para garantizar que estos pisos turísticos ilegales no vuelvan al mercado a través de otra plataforma comercializadora.
Pou ha calificado de "gran hipocresía este ejemplo paradójico que practica el PP, que mientras dice que mantendrá tolerancia cero con las ilegalidades, al mismo tiempo rechaza aprobar medidas de control" contra la oferta turística ilegal, que sólo hace que multiplicar "un efecto llamada a la ilegalidad".
El diputado también ha expuesto que el PP nunca sanciona, en contraposición de los expedientes sancionadores abiertos en la anterior legislatura o de los 64 millones en sanciones a las plataformas comercializadoras.
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