El PSIB-PSOE denuncia que la modificación de la Ley de Puertos del PP favorece la expulsión de los residentes en el acceso a un amarre

El portavoz segundo del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, ha denunciado hoy que la modificación de la Ley de Puertos de las Islas Baleares 10/2005 de 21 de junio, que está tramitando el Gobierno del PP, provocará un cambio perverso en la gestión de los puertos autonómicos, ya que permitirá “una consolidación de la privatización de la gestión” y “una consecuencia última para hoy” un punto de amarre”, porque prevalecerá el negocio al interés social de estas instalaciones.

En concreto, el nuevo redactado que pretende introducir al PP alarga o hasta los 75 años las concesiones de empresas privadas que están gestionando actualmente espacios portuarios de la Comunitat, cuando hasta ahora la ley marcaba como límite los 35 años. De esta forma, Pons advierte que “el PP quiere comer más tiempo y más negocio a los concesionarios privados para que gestionen los amarres con criterios de libre mercado”, algo que repercutirá a la hora de conceder empaques a los usuarios.

A este hecho, se le añade un retroceso en criterios de transparencia y mayor oscurantismo, ya que la ley convierte en secretas las listas de espera para acceder a un amarre, lo que permitirá una discrecionalidad sin control por parte de la empresa que gestione el puerto, una vez más primando los criterios de mercado.

Enmiendas para poner al residente en el centro de políticas portuarias

Ante el modelo de “privatización y negocio que expulsa a los residentes” al acceso a un amarre, el PSIB-PSOE propone un modelo que “pone a los amarristas residentes en el centro de las políticas portuarias, y busca dar mayores garantías a la gente de aquí, con más gestión pública y más transparencia en el proceso de adjudicación”.

Por eso el Grupo Socialista plantea una batería de enmiendas dirigidas a seis ejes.

1. Exigir un mínimo de cinco años de residencia a aquellos usuarios que quieran acceder a un amarre de los puertos de las Islas Baleares.

2. Al finalizar el plazo de una concesión, analizar su gestión y resultados para valorar si se vuelve a poner a concurso público o devuelve la gestión directa a Ports IB.

3. Mantener los plazos máximos de concesión a 35 años. De forma excepcional, y dada su función social, se permitirá que los Clubs Náuticos puedan gestionar una concesión portuaria hasta los 50 años.

4. Realizar listas de espera públicas y transparentes, que eviten discrecionalidad en la concesión de amarre.

5. Reservar un 3% de los amarres gestionados para destinarlos a embarcaciones tradicionales de las Islas Baleares (laúd artesanal, vela latina...), todas ellas siguiendo el criterio de catalogación de Patrimonio de los Consejos Insulares.

6. Profundizar en cuestiones medioambientales, como exigencias para el cuidado de la posidonia o establecer diferentes medidas de economía circular y reciclaje en la actividad portuaria.