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PSIB: 'La ley pelotazo de PP y Vox sólo beneficia a promotores, pero agravará el problema de vivienda a los ciudadanos y trabajadores'

PSIB: 'La ley pelotazo de PP y Vox sólo beneficia a promotores, pero agravará el problema de vivienda a los ciudadanos y trabajadores'

Actualizado el 07/07/2025 14:58                Compartir

El Grupo Parlamentario Socialista se ha opuesto con un “no categórico” a la proposición de ley de urbanismo, que garantiza mayores beneficios y la generación de nuevos derechos para promotores y especuladores, pero que no resuelve los problemas de vivienda para la ciudadanía y las personas trabajadoras de las Islas Baleares. El portavoz del Grupo Socialista, Iago Negueruela, ha afirmado que, lejos de crear un marco para acceder a un piso más asequible, lo que hace este decreto del "pelotazo es extinguir la vivienda de protección oficial, y le sustituye por hacer pisos que serán hasta un 33% más caros", con la figura de la vivienda de precio limitado.

Una normativa que se ha hecho "saltándose todos los planes generales de los Ayuntamientos, algo que nunca había ocurrido en estas islas de la manera que han hecho" PP y Vox, para transformar el territorio sin ningún tipo de programación ni diseño: "Porque esta norma está pensada simplemente para generar derechos a promotores, que consolidarán los derechos que han reclamado durante tantos años. y que pasa por delante de todos los planes generales de ayuntamientos de más de 10.000 y 20.000 habitantes. En ningún caso, es por hacer vivienda asequible para los residentes”.

Negueruela también ha expuesto que la extinción de la VPO extingue también "los mecanismos de protección para la gente que tiene carencias, tenga su oportunidad" de acceder a una vivienda digna, porque se sustituye la VPO por vivienda de precio limitado, "que para mucha gente es de precio ilimitado, porque nunca tendrá la oportunidad de ad.

Por poner ejemplos, Negueruela ha indicado que en Calvià la renta media es de 15.279 euros, en Llucmajor, de 14.624 euros, y en barriadas como Son Roca o es Rafal es de 10.353 y 13.000 euros, respectivamente. Unas cifras que hacen imposible la compra de las nuevas viviendas que planea el Govern: “Un vecino de Son Roca que quiera comprar uno de sus pisos, tendrá que estar destinando el 100 de su salario durante 33 años de su vida”, a lo que, Negueruela ha cuestionado al consejero si la norma está pensada para esa persona, “o comprar”.

En todo caso, y pese a que el Gobierno no ha hecho ningún cálculo de lo que supondrá de consumo de territorio, desde el PSIB-PSOE sí se ha estudiado el alcance de esta norma, que permitirá “más de 100.000 viviendas en Palma, más de 102.000 en Ibiza, unos 27.000 en Alcúdia y”3. supondrá poder construir en rústico a partir de ahora.

También ha criticado la chapuza que ha supuesto la tramitación, que se ha realizado "incluso con un texto tachado a mano, sin consenso, sin estudios, sin cálculos de necesidades poblacional, crecen más y reduciendo equipamientos y zonas verdes, legalizando, incluso, las ilegalidades de la sierra de Tramuntana y abriendo en rústico". Y con "el añadido de la emergencia habitacional", para poder construir en rústico. En este punto, Negueruela criticó el cinismo del Gobierno, que admite la emergencia habitacional por construir en rústico, pero no por declarar zonas tensadas y limitar los precios de alquiler.

El portavoz socialista también ha puesto en cuestión que el único colectivo que ha apoyado la ley "son los promotores": "Hoy estamos aquí, como entidades como el GOB, el Foro de la Sociedad civil o las asociaciones de vecinos y vecinas, para debatir, porque a todos, también a los partidos de izquierda, nos preocupa la vivienda y el medio ambiente, el medio ambiente. sirve para dar respuesta al medio ambiente, a la vivienda o al territorio, y que sólo sirve para generar especulación”.

Por todo ello, Negueruela ha anunciado que el PSIB-PSOE se compromete a seguir luchando por la derogación de esta norma "de forma inmediata", a luchar, proyecto a proyecto en cada ayuntamiento ya impugnar la nuera, ante el Tribunal Constitucional, "porque no garantiza los derechos de ciudadanos y ciudadanas".


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