Actualizado el 29/10/2024 12:47 Compartir
Siete son los puntos que aprueban las cuatro fuerzas progresistas en el manifiesto:
1. En primer lugar, los firmantes reconocen a todas las personas que sufrieron daños físicos, morales o psicológicos, daños patrimoniales o menoscabo de sus derechos fundamentales a consecuencia de las acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario que abarca el golpe de estado de 1936, la guerra civil y la posterior dictadura, incluyendo el período la transición.
2. Se rinde homenaje a los hombres y mujeres de las Islas Baleares y de España, que comprometieron la vida y la libertad en la lucha por la democracia y las libertades y contribuyeron con su sacrificio al régimen constitucional y democrático de convivencia y pluralismo que hoy disfrutamos, porque todavía existen víctimas no reparadas.
3. Se reafirma el compromiso con las políticas de memoria democrática, y se defiende la necesidad de mantener y reforzar las políticas públicas de memoria para asegurar que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición lleguen a todas las víctimas y al conjunto de la sociedad.
4. También se expresa el rechazo a cualquier intento de desmantelar las políticas de memoria democrática, esenciales para preservar los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. En este sentido, se insta al Gobierno y al Parlamento de las Islas a no continuar con la tramitación de la derogación de la Ley de Memoria y reconocimiento democráticos.
5. Se condena la actitud del presidente del Parlament, Gabriel LeSenne, por haber impedido a las diputadas socialistas miembros de la Mesa, vestir una camiseta con las imágenes de Aurora Picornell y las rojas del Molinar durante el debate sobre la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria, desgajando las imágenes de estas víctimas durante la sesión parlamentaria. Una acción inadmisible en un Parlamento, que supone una falta de respeto a la memoria histórica y los valores democráticos de cualquier institución pública.
6. Se aprueba desarrollar todas las actuaciones necesarias para preservar la memoria de las víctimas, a través del conocimiento de la verdad, como derecho de las víctimas; el establecimiento de la justicia y el fundamento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo.
7. Finalmente, se acoora mantener la fecha del 29 de octubre como día de conmemoración de recuerdo a las víctimas, con la organización de actos que recuerden a la ciudadanía esta jornada de memoria y homenaje.
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