El PSIB-PSOE denuncia el rápido deterioro de servicios públicos por los recortes del Gobierno del PP, que favorecen a los privados

El Grupo Parlamentario Socialista criticó hoy el retroceso que ha supuesto el Gobierno del Prohens las políticas de servicios públicos que desarrollan los populares. La diputada socialista Teresa Suárez, que hoy realizaba la primera intervención en el Pleno, ha denunciado que las listas de espera en atención domiciliaria para personas dependientes se ha incrementado de forma alarmante en un 127 por ciento en esta legislatura, lo que significa que 2.623 familias que tienen derecho a este servicio necesario para mantener una vida digna en su casa, deben esperar a causa de la falta de recursos.

Suárez ha recordado que la atención domiciliaria "no es magia, son impuestos", por eso ha lamentado que, en seis meses, la supresión del impuesto de sucesión ha supuesto dejar de ingresar 46 millones de euros, mientras que por reducir la lista de espera en atención domiciliaria haría falta 40 millones; y lo más grave: "las 15 familias más ricas se han ahorrado un millón con la eliminación del impuesto". Por eso, la diputada a reclamado al Govern que deje de bajar impuestos que benefician a los más ricos, porque “nos sale carísimo a todos”.

También en políticas de salud existe un importante deterioro en este último año, ya que las listas de espera para ser atendidos por un médico especialista se han disparado, con más de 10.000 personas más que hace un año, y sigue creciendo. La diputada socialista Patrícia Gómez ha denunciado que los datos empeoran mes a mes, y actualmente hay 7.500 personas que esperan a más de 60 días a ser atendidos, con unas esperas de más de 83,5 días de media, que siguen creciendo; esto supone que "se está llegando al tope de las listas de espera en esta Comunidad", pero continúa la tendencia al alza.

Gómez ha recalcado que "como siempre ocurre con el PP, la salud empeora después de un año, y se ha constatado que el plan de abordaje en las listas de espera ha sido un fracaso". También ha recordado que en 2015, el gobierno del Pacto se encontró unos datos "terribles" y, en cambio, en 2019 se consiguieron los mejores de la historia, y fue gracias a "mucha inversión y planificación para resolver los problemas de salud de la ciudadanía”. Ahora, todos los indicadores de listas de espera a especialista crecen mes a mes. "Un año de gobierno sin proyecto, sin pandemia y sin dar respuestas" ha concluido Gómez.

El sistema educativo también se ha resentido del primer año y medio de gobierno del PP. La diputada del PSIB-PSOE Amanda Fernández ha denunciado que el Gobierno está aplicando medidas que favorecen a la escuela concertada en detrimento de la pública, lo que ha provocado, por primera vez en la historia de las Islas, que la escolarización en escuelas públicas haya descendido (488 alumnos), mientras que la concertada haya aumentado (1.671 alumnos).

No es casual esa tendencia. Fernández ha criticado que el PP no busca un equilibrio entre la escuela pública y la privada: "La escuela pública atiende a 107.699 alumnos frente a los 53.289 de la privada". Pese a que el sistema público atiende al doble de alumnado que el privado, el Gobierno del PP ha puesto 39 psicólogos para atender a los jóvenes en institutos públicos, frente a los 36 de la concertada, que tiene la mitad de alumnos.

Igualmente, de los 121 profesionales de auxiliares técnicos educativos (ATE) que pone el Gobierno del PP, 61 irán al sistema público y 60 al concertado: “Si tenemos el doble de alumnos en la pública que en la concertada, habrá más necesidades educativas -y más necesidades de ATE- que en la concertada”, ha criticado Fernàndez, quien ha añadido que con estos desequilibrios no se puede hablar de igualdad de condiciones.

Fernández también ha contrapuesto el modelo del Partido Socialista, que en las anteriores legislaturas incorporó becas comedor, dispositivos para alumnado vulnerable, un plan de refuerzo escolar gratuito y acuerdos de mejoras sociolaborales pactados, frente al modelo del PP, que beneficia a la titularidad, privatiza la enseñanza y aumenta el peso y el poder de la escuela privada.