Los alcaldes y alcaldesas del PSIB-PSOE expresan su rechazo a las medidas urgentes en materia urbanística

El alcalde de Pollença, el socialista Martí March, ha expresado el rechazo de los alcaldes y alcaldesas del PSIB-PSOE al decreto ley de depredación urbanística y administrativa aprobado por el Gobierno de Prohens, en una reunión explicativa de la normativa en la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares.

En concreto, March se ha mostrado contundente para asegurar que "rechazamos este decreto, la forma en que se ha hecho y su contenido", por lo que ha planteado "que el Gobierno inicie un proceso claro de diálogo claro y serio con los ayuntamientos”.

De esta forma, el alcalde de Pollença ha desmentido las afirmaciones que hace continuamente la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, cuando asegura que las alcaldías socialistas están de acuerdo con las medidas que plantea su decreto ley, cuando no es así.

De hecho, March ha criticado que "no se puede hacer una mesa de sostenibilidad y tener este decreto ley que no ha sido consensuado ni con la sociedad, ni con los grupos políticos, ni con los ayuntamientos".

Así las cosas, el alcalde de Pollença, en representación de todas las alcaldías socialistas, ha defendido que “es evidente que el decreto no responde a las necesidades y demandas que tenemos los ayuntamientos en todos los aspectos, y además, nos afectará complicando la vida a todos los niveles, tan urbanísticos como con las decisiones que se tengan que tomar”.

En cuanto a las cuestiones más preocupantes del decreto, March ha señalado la amnistía urbanística "que provocará muchos problemas", el hecho de que las entidades sociales sean las encargadas de dar licencias y comunicaciones, y todo lo referente a los aparcamientos de 8 meses "que no tienen ningún tipo de sentido y que no responden a la realidad de cada ayuntamiento".

Además, el socialista también ha expresado su preocupación por el hecho de que la normativa “nos da competencias por las que no tenemos los recursos y que tampoco hemos pedido, y nos preocupa ser un elemento clave de este decreto y no haber podido dialogar y consensuar muchas de estas medidas”.

Finalmente, y en el ámbito educativo, March ha rechazado que "la escuela concertada de 0-3 años tendrá más beneficios que los que pueden tener los ayuntamientos".