Actualizado el 13/06/2024 12:10 Compartir
El decreto de legalización de edificaciones aprobado por esta semana el Parlament prevé que las casas en rústico que se acojan a este decreto y tengan plazas turísticas legales las pierdan. “Necesitamos facilidades para legalizar estas edificaciones y que aquéllas que tienen plazas legales puedan continuar la actividad. Algo que no ha previsto el Gobierno del Partido Popular. Por eso presentamos esta moción, para intentar resolver un buñuelo administrativo que mata a muchos de los propietarios que tienen esta situación”, ha explicado Salas.
“Parece que para el PP el gran foco de la masificación turística y la saturación es el alquiler vacacional, que supone menos de un 25% de las plazas turísticas. El alquiler turístico no es el demonio”, explica el portavoz de El Pi.
El consejero Salas ha insistido en que “es necesario dar una salida legal a todas aquellas edificaciones fuera de ordenación que ya haya prescrito la infracción. Son problemas que existen y la administración no puede mirar hacia otro lado como si no estuvieran allí”, insiste. “Estas edificaciones están ahí y estarán ahí y debe facilitarse que los propietarios puedan adaptarse a la normativa”, dice Salas.
“El Pi siempre se ha posicionado en contra de la oferta ilegal y ésta es la que debemos combatir. Por eso, proponemos que se multipliquen los esfuerzos en la detección de la oferta turística ilegal, tanto en plataformas digitales como en los países de origen”, explica Salas. "Por eso, exigimos que el Consell tome medidas para luchar contra esta práctica", ha sentenciado el consejero.
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