El PSIB-PSOE denuncia la comercialización de 230 plazas de alquiler turístico ilegal en Palma y pide actuaciones frente a la inacción del PP

El PSIB-PSOE ha denunciado la existencia de 230 plazas en régimen de alquiler turístico ilegal en Palma, repartidas mayoritariamente en las zonas de la Plaza de Toros, calle Aragó y la barriada de Foners. Según datos de Booking, se han identificado 48 apartamentos y un vehículo que ofrecen plazas turísticas presuntamente fuera de ley, reflejando tan sólo una pequeña parte del problema, que podría afectar a hasta 800 viviendas en la ciudad.

En concreto, son 29 pisos de edificios enteros que dedican su totalidad al alquiler turístico ilegal y que suponen un total de 170 plazas turísticas, a las que se suman 19 apartamentos en edificios plurifamiliares y un vehículo que implican 60 plazas ilegales más.

Hay que tener en cuenta que desde 2018 en Palma está prohibido el alquiler turístico en edificios plurifamiliares, una decisión tomada por el anterior equipo de gobierno municipal socialista, avalada por el Tribunal Supremo en sentencia del año 2023.

El portavoz del PSIB-PSOE en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós, ha criticado duramente la inacción del PP ante la crisis de vivienda en Palma, centrándose en el impacto negativo de los alquileres turísticos ilegales, a la vez que destacó que estas actividades ilegales generan ingresos enormes, con hasta 15.000 euros diarios, poniendo presión insostenible en un mercado ya tensado y haciéndolo inaccesible para muchos ciudadanos.

"Es inadmisible que el PP siga dando la espalda a la grave situación de vivienda en Palma. Su inacción beneficia sólo a unos pocos y perjudica a la mayoría," ha declarado Ducrós, quien ha exigido al PP actuaciones decididas para regularizar el mercado y proteger el derecho a la vivienda frente a la especulación. "No podemos permitir que la falta de control del PP siga deteriorando nuestra ciudad," ha concluido Ducrós, instigando a una respuesta urgente y efectiva.

Ante, la proliferación incontrolada de viviendas de alquiler vacacional ilegal en Palma que los Socialistas han puesto de manifiesto, el Grupo Socialista en el Consell ha registrado toda esta información ante los servicios de ordenación del Consell para facilitar que se pueda actuar de inmediato por detener esta actividad ilícita y terminantemente prohibida por la ley.

El portavoz adjunto, Javier de Juan, ha constatado que los servicios de Inspección y Ordenación Turística del Consell han quebrado: "es otro gran fracaso de Galmés", ha dicho, porque se confirma que después de 8 meses de haber- lo anunciado, “el Plan de choque contra el alojamiento vacacional de Galmés y Marcial Rodríguez es una farsa, una mentira. Una coartada por hacer ver que hace, pero que en realidad siguen permitiendo lo de siempre: la especulación inmobiliaria, la perversión de las normas y el urbanismo por sus amigos: lo que ha hecho el PP siempre que ha gobernado.”

De Juan ha acusado a Galmés y Rodríguez de haber "desmantelado el servicio de Ordenación". Han echado al jefe de servicio, y tampoco disponen del responsable de sanciones. No han incrementado la plantilla que han heredado de la pasada legislatura ni han sumado ni un solo funcionario por la labor.

Y como muestra flagrante de este funcionamiento deficitario, el portavoz socialista en el Consell ha puesto de ejemplo la gestión del escándalo del agroturismo del militante del PP de Andratx, Jaume Porsell. El Consejo no levantó acta de los hechos hasta que el 19 de abril se destapó todo el caso en los medios de comunicación, siete meses después de haber concedido una Declaración responsable de Inicio de actividad sin constatar que no cumplía los requisitos necesarios por no tener los permisos de actividad ni el cambio de uso para la vivienda.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Mercedes Garrido, ha denunciado que “la realidad es el peor enemigo de Marga Prohens”, debido a que “dice que las Islas Baleares han llegado a su límite, pero lo que está llegando al límite es la paciencia de la ciudadanía con la hipocresía de este Goverm, que dice algo, pero hace la contraria”.

Garrido ha puesto como ejemplo los alquileres turísticos ilegales denunciados hoy, pero también el hecho de que en Menorca de los 4.000 alojamientos que se anuncian por AirBnb sólo 1.300 tienen registro oficial, debido a que se permitirá alquiler vacacional en los chalés ilegales en suelo rústico que el Gobierno amnistíará o por el hecho de que el decreto de simplificación administrativa que prepara el Gobierno supondrá la eliminación de controles ambientales y el incremento de plazas turísticas.

Precisamente, la diputada socialista ha recordado que la propia Prohens presentó un acuerdo con la plataforma Booking con un proyecto piloto para controlar el alquiler turístico ilegal, con el que hoy se ve que “o la presidenta toma el pelo a la ciudadanía o Booking le quita el pelo al Gobierno”.

Por último, Garrido ha denunciado que después de un año de Gobierno "no se ha planificado nada", por lo que ha exigido a la presidenta "que aplique la ley y que se ponga a trabajar para gestionar situaciones de masificación", teniendo en cuenta que “nosotros llevamos años apostando por la calidad por encima de la cantidad, por la moratoria de plazas y su decrecimiento y por medidas que ayuden a gestionar el éxito turístico sin que ello repercuta negativamente en los trabajadores y trabajadoras del sector, ante lo que el PP nos decía turismofóbicos”.