El PSIB-PSOE acusa a Javier Ureña de desviar la atención ante la sospecha de que con su gestión 'ha pasado algo digno de ser investigado'

El director general del IBSalut, Javier Ureña, compareció hoy en la Comisión de Salud del Parlamento de las Islas Baleares, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para explicar el desistimiento del Gobierno en relación con el expediente de reclamación con el empresa Soluciones de Gestión, dado que el dirigente popular también deberá comparecer en la comisión de investigación de la cámara autonómica sobre este caso y que la fiscalía está investigando este hecho a instancias del juez.

La voluntad del Grupo Parlamentario Socialista era aclarar por qué el Govern ha dejado caducar presuntamente el expediente de reclamación de 2,68 millones de euros de las mascarillas, teniendo en cuenta que éste era el objetivo de la trama investigada por la Audiencia Nacional según las escuchas del juez, Ismael Moreno. "Una decisión, la de la caducidad, tomada sin ningún informe técnico ni jurídico que lo avale", ha puntualizado el diputado socialista Carles Bona.

Lamentablemente, Ureña no ha contestado a ninguna de las preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que Bona le ha acusado de desviar la atención ante la sospecha de que “o el señor Ureña es un desastre gestionante, algo que se vería en todos los expedientes del Servicio de Salud, o con este expediente ha pasado algo digno de ser investigado”.

Cabe recordar que el PSIB-PSOE denunció ante el juzgado de instrucción la gestión de Ureña con este expediente, así como también a la empresa Soluciones de Gestión, por tres presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ante lo que el juez ha abierto diligencias previas. Por ello, el diputado socialista ha asegurado que "entendería que el señor Ureña se acogiera a su derecho a no declarar".

Bona ha pedido al director general si ha recibido presiones de la trama tal y como indica el juez de la Audiencia Nacional ha sucedido en este caso, de quien recibió asesoramiento para tomar la decisión de dejar caducar el expediente de reclamación ya qué responde que el Gobierno defendiera públicamente que el plazo de caducidad era de 8 meses "mientras había un expediente que no mostraban y que decía que el plazo era de 3 meses".

De hecho, Bona ha recordado que "la empresa de la trama visitó las instalaciones del IBSalut con el Gobierno actual, aunque el director general haya dicho que no hubo ningún contacto con la trama".

El diputado socialista ha advertido a Ureña que "no es consciente de la sombra de sospecha que levanta", por haber negado continuamente que el expediente les había caducado y, una vez hacen público el expediente, obligan a la cabeza de departamento de contratación a firmar una diligencia para ampliar el plazo de caducidad de 3 a 8 meses diciendo que era un error material, teniendo en cuenta que “el anterior Gobierno inició una reclamación por un incumplimiento de contrato y la Audiencia Nacional tiene escuchas judiciales donde los investigados de la empresa insultan al anterior Gobierno por haber reclamado y se congratulan de haber conseguido que el Gobierno de Prohens no salga adelante la reclamación”.

Todo ello, para Bona, es "un desastre tras otro que sólo está favoreciendo a la empresa adjudicataria y fruto de los nervios que se han instaurado en Consolat después de que se haya hecho público todo el caso".

En cualquier caso, el portavoz socialista ha deseado "que todo se aclare tanto en sede parlamentaria como en sede judicial".