Actualizado el 16/03/2024 15:26 Compartir
Dado que las Islas Baleares son un territorio limitado geográficamente, y que la proximidad entre municipios obliga a mantener un equilibrio de forma no independiente, sino de conjunto, el PSIB-PSOE ha pedido al Gobierno de Prohens que declare todo el territorio de las Islas Baleares como zona tensada, a fin de poder implantar la limitación de precios de alquiler en todas las Islas Baleares y contribuir, de este modo, a resolver los problemas de vivienda que tanto afectan a esta comunidad.
En este sentido, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado el Índice de Precios de Referencia, un instrumento cuyo principal objetivo es controlar el incremento de los precios del alquiler. Esta herramienta no responde a criterios políticos, sino técnicos y empíricamente demostrables y que se aplica de forma homogénea con independencia del lugar de residencia. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://serpavi.mivau.gob.es/ .
De forma sencilla, este instrumento marca un precio mínimo y máximo de alquiler de cada vivienda, de acuerdo con una serie de criterios técnicos, como por ejemplo la calle o zona donde se encuentra, si tiene o no ascensor, aparcamiento propio, si es un piso o planta baja, etcétera.
Para las zonas de mercado residencial tensado, el valor superior del rango que determinará el índice marcará el límite de renta máximo a exigir en los nuevos contratos de alquiler, de forma obligatoria, siempre que estamos antes dos situaciones: cuando el arrendador sea un gran tenedor y cuando se trate de un nuevo contrato de alquiler de una vivienda que no haya sido arrendada en los últimos cinco años.
Joan Ferrer, secretario de Agenda Urbana del PSIB-PSOE, ha criticado que, de momento, Margalida Prohens ha manifestado que se declarará insumisa en la aplicación de esta ley estatal para garantizar el derecho a la vivienda, lo que implica que "la presidenta se cierra dentro del Consulado e ignorar una ley estatal beneficiosa para toda la ciudadanía". Y concluye que “la postura de Prohens es un drama, especialmente para los jóvenes que necesitan emanciparse, para las familias que a pesar de tener una estabilidad económica no pueden obtener suficiente crédito financiero y por otras situaciones como familias monoparentales, los padres o madres divorciados y que deben empezar una nueva vida y otras situaciones de fragilidad económica y social”.
Por eso, Ferrer explica que no es tolerable que ponga “el freno de mano a la maquinaria puesta en marcha por los socialistas en las dos últimas legislaturas de construcción de VPO ya las políticas de acceso a la vivienda digna y asequible”, como lo demuestran los presupuestos de la CAIB para 2024 y que “ya denunciamos a los socialistas en sede parlamentaria”.
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