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El PP denuncia la mala gestión por parte del PSOE del dinero público tras la sentencia del Supremo que obliga al Govern a pagar 96M€ por el caso Kühn

El PP denuncia la mala gestión por parte del PSOE del dinero público tras la sentencia del Supremo que obliga al Govern a pagar 96M€ por el caso Kühn

Actualizado el 08/03/2024 05:54                Compartir

El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha denunciado “la mala gestión y la falta de diligencia por parte del PSOE del dinero público” tras confirmarse la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Govern a indemnizar al empresario Matthias Kühn con 96 millones de euros, un hecho que “comprometerá las cuentas del Ejecutivo generando un agujero de dimensiones considerables”. “El Govern de Armengol es el culpable de que el dinero que podría destinarse a contrata en Balears a 2.222 profesores o 2.200 enfermeras se deba destinar a pagar esta indemnización”, ha denunciado Sagreras.

Kühn compró una zona en Sóller, Mallorca, para construir 30 mansiones de lujo. Pero, para justificar la defensa y conservación de la zona, la Administración los calificó como suelo rústico, lo que hizo que el valor del territorio cayese drásticamente y se impidiera la construcción.

Así, el portavoz popular ha señalado que “con estos 96 millones de euros se podrían, además, construir 13 colegios de Educación Infantil y Primaria o 11 Institutos de Educación Secundaria”. En el ámbito sociosanitario, “se podrían construir 4 hospitales como el de Felanitx o 77 centros de día o 7 residencias”.

“Se trata de un varapalo judicial que plasma la deficiente gestión del Govern de Armengol que asciende a los 400 millones de euros dictados por los jueces en sentencias urbanísticas”, ha añadido Sagreras.

“El PSOE debe dar la cara, explicar su mala gestión y dejar de intentar embarrar y tergiversar ante los ciudadanos porque ya nadie se cree sus argumentos plagados de mentiras” ha sentenciado Sagreras y ha añadido que “deben explicar por qué motivo no atendieron a las advertencias de que la aprobación de la Ley 4/2008 era una imprudencia”.


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