El Pi reclama medidas contundentes y rápidas para paliar las graves consecuencias económicas del coronavirus en Baleares

El Pi - PROPUESTA POR LAS ILLES BALEARS reclamó hoy al Gobierno que adopte medidas contundentes y rápidas para paliar las graves consecuencias económicas que el coronavirus tendrá en Baleares. La formación ha propuesto un conjunto de actuaciones para evitar la destrucción de puestos de trabajo y ha exigido un acuerdo que garantice la supervivencia de las empresas.

En este sentido, el secretario general de El Pi, Josep Melià, ha puntualizado que "se deberían facilitar préstamos a tipo 0 para PYMES, garantizar el pago de un porcentaje de los sueldos y salarios y comenzar una negociación patronales-sindicatos para mantener empresas a través del gasto público, "Según Melià," la situación es muy complicada y se debe actuar lo más rápido posible para evitar consecuencias mucho más graves ".

La formación también ha reclamado que el Estado decrete una moratoria en el pago de hipotecas y préstamos bancarios de particulares, autónomos y empresas, un periodo de carencia en el que no se paguen las cuotas durante tres meses alargando el vencimiento previsto. Otras propuestas que El Pino ha planteado para afrontar la crisis del coronavirus son:

· Aplazamiento del pago de cuotas de seguridad social durante tres meses.

· Alargamiento de los plazos para el pago de trimestres del IVA durante tres meses.

· Plan de ayudas a PYMES y autónomos. Facilidad en la obtención de préstamos a bajo interés para hacer frente a los pagos de nóminas y gastos fijos.

· Prolongación de tres meses para que empresas y autónomos hagan frente a deudas financieros y tributarios.

· En los supuestos de EREs, creación de un fondo de compensación para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.

· Derogación inmediata de la ley MONTORO por los ayuntamientos saneados fin de poder inyectar liquidez y actividad a la economía.

· Aplazamiento durante tres meses de las obligaciones de pago a las cuotas de las guarderías de 0 a 3 años tanto públicas como privadas y de los centros de día.