El fiscal del Supremo pide la confirmación de la condena contra la exconsellera Julve por el 'caso Cloaca'

La fiscal del Supremo ha solicitado este miércoles la confirmación de la sentencia dictada en octubre de 2015 por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el denominado 'caso Cloaca', que condenó entre otros a la exportavoz de Unió Mallorquina (UM) y ex consellera de Medio Ambiente Catalina Julve por un delito de prevaricación administrativa y fraude.

Se la considera responsable de la adquisición irregular de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca por 59.500 euros que fueron compradas a empresarios cercanos al partido y la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos.

Durante la vista celebrada para estudiar este asunto, el representante del Ministerio Público ha señalado que las sillas eran innecesarias, por lo que se malgastaron fondos públicos, y que hay que tener en cuenta sobre todo el testimonio de la que fue secretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer, quien alcanzó un pacto con la Fiscalía tras realizar una declaración autoinculpatoria. Dicho testimonio, según la fiscal, ha sido ratificado por otros indicios por lo que es válido como prueba de cargo.

Por su parte, la defensa de Julve ha reclamado la absolución de su cliente porque no hubo "ánimo de defraudar" y que ella se limitó a facilitar la segunda fase de adquisición de las sillas que le reclamaban los ayuntamientos de la isla.

Ha defendido además que la exconsellera no se concertó con el resto de condenados la realización de fraude alguno, y que se limitó a seguir adelante con una decisión que había sido adoptada por su antecesor -ya fallecido-.

Estos mismos argumentos han sido compartidos por los abogados de los otros dos recurrentes, que son el responsable social de la empresa Ses Nostres Eines, Simón Galmés --que fue condenado a 6 meses de prisión--, y el también empresario Miguel Rullán, del Grupo Rullán, penado con 9 meses de cárcel. Han añadido además que las sillas se entregaron y que fueron adquiridas a precio de mercado.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca consideró probado que Julve y Coloma Castañer -quien no presentó recurso ante el Supremo-, se pusieron de acuerdo actuar para "beneficiar a amigos y empresas próximas a miembros destacados de UM", para lo cual se concertaron a los dos empresarios.

Según la sentencia de instancia tanto Castañer como el entonces conseller de Cooperación Local --ya fallecido-- acordaron beneficiar a Rullán, en noviembre de 2005, con un expediente valorado en 29.928 euros para el suministro de "2.150 sillas de resina blancas con brazos", mientras que, del mismo modo, en julio de 2006 Julve resolvió adjudicar otro expediente por el mismo concepto --la adquisición de 2.150 sillas-- por un importe de 29.928 euros, que acabó en manos de Galmés.