El Congreso insta al Gobierno a poner en marcha un plan nacional para prevenir los suicidios

La Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para que el Gobierno ponga en marcha un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que preste especial atención a los grupos más vulnerables, como niños, adolescentes, ancianos y personas en riesgo de exclusión.

La iniciativa ha sido propuesta por la portavoz de UPyD, Rosa Díez, después de que en diciembre de 2012 todos los grupos acordaran pedir al Ejecutivo más acciones para prevenir los suicidios pero, según ha lamentado, "desde entonces no se ha hecho nada".

"Y lo peor no es no hacer nada, sino haber generado la expectativa de que se iba a hacer algo", ha apostillado, considerando positivo que en ese momento fueran capaces de "ponerse de acuerdo" todos los grupos para romper "tabúes" sobre estos fallecimientos.

Díez ha recordado que el problema de los suicidios "existía hace año y medio y no ha menguado", por lo que "sigue necesitando una respuesta política y de los poderes públicos". De hecho, ha recordado que en el mundo se producen más muertes por esta causa, 1,2 millones cada año, que las que provocan de forma conjunta las guerras, el terrorismo y los asesinatos.

Por todo ello, en su iniciativa proponen que en este plan nacional participen las instituciones sanitarias, educativas y sociales; una redefinición concreta de los objetivos y acciones de prevención del suicidio en la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS), y comprometer en los Presupuestos Generales del Estado una partida específica para las campañas de visibilización, sensibilización y concienciación que contemple dicha estrategia y el futuro plan nacional sobre este ámbito.

El diputado del PP Manuel Ibáñez ha recordado que el Ministerio de Sanidad ya trabaja en la reevaluación de la Estrategia de Salud Mental y ya ha formado un grupo de trabajo sobre suicidio, en el que participan expertos, sociedades científicas, asociaciones de afectados y familiares, para abordar este tema y estudiar distintas alternativas para prevenirlo.

"Lejos de la complacencia, hay que tener en cuenta que es una lacra lamentable de la sociedad, un fracaso del individuo, de la familia y la sociedad", ha reconocido, si bien ha recordado que la tasa de suicidios en España, de 5,8 casos por cada 100.000 habitantes, es inferior a la media europea, de 10,2 muertes por cada 100.000 habitantes.

También ha celebrado la propuesta la diputada socialista Guadalupe Martín, que ha recordado que el suicidio es "un drama y un tema muy serio" y ha lamentado que, en lugar de combatirlo, desde el Gobierno se han seguido aplicando recortes que agravan los factores de riesgo.

REGULAR EL SECTOR ORTOPROTÉSICO

Por otro lado, en la Comisión también se ha aprobado una iniciativa para que el Gobierno regule la profesión ortoprotésica dentro del SNS y actualice el contenido de los programas formativos, así como las competencias de los profesionales ortoprotésicos, adaptándolas al progreso científico y técnico.

Asimismo, propone impulsar la actualización, coordinación y la mejora de la normativa sobre establecimientos dispensadores de la prestación ortoprotésica. Según ha reconocido el diputado del PP Francisco Vañó, el sector ortoprotésico "no está del todo bien regulado y no ha alcanzado el nivel que se pretende".

De igual modo, el PP lamenta la "gran heterogeneidad" que existe en España ya que el SNS delega esta competencia a las comunidades para que sean ellas quienes decidan cómo realizar la cobertura del gasto ortoprotésico y qué productos se contemplan y cuáles no, de ahí que sea necesario establecer unos criterios básicos comunes que configuren con mayor precisión las condiciones técnico-sanitarias de las ortopedias, en especial en [o relativo a licencias, medios materiales, instalaciones, equipamiento, personal, estructura organizativa y responsables técnicos.

LA OPOSICIÓN EN BLOQUE, A FAVOR DE LA VACUNA DE LA VARICELA

Sin embargo, en la Comisión se ha rechazado, con el único voto en contra del Grupo Popular, una proposición no de ley de CiU con la que se pedía al Gobierno que permitiera la venta libre en las farmacias de la vacuna de la varicela, que está provocando que "muchos padres que quieren proteger a sus hijos vayan a otros países a comprarla".

"No entendemos la postura del Gobierno", según ha defendido la portavoz de CiU Conxita Tarruella, cuando no hay ningún estudio que diga que diga que su uso puede provocar un aumento de casos de herpes zolster al llegar a la edad adulta.

Asimismo, ha reconocido que ella misma ha ido a Andorra a por la vacuna para su nieto y ha comprobado personalmente las largas colas que están protagonizando muchas familias españolas. "Se tienen que encargar porque si no se agota", ha aseverado.

Sin embargo, el diputado del PP José María Alonso ha informado de que la decisión se ha tomado en función de la epidemiología y la incidencia del virus, y ha asegurado que desde 2009 se estaban usando 315.000 dosis anuales más de las 135.000 que los expertos recomiendan.

Pese a estos argumentos, el resto de grupos se han mostrado a favor de que la vacuna pueda al menos comprarse libremente en las farmacias, aunque no esté financiada, asegurando que el impedirlo no cuenta con el respaldo de ninguna sociedad científica.

"Se está creando un problema donde no lo había, con decisiones improvisadas que generan desconcierto, y que contribuyen a deteriorar los programas de vacunación", ha aseverado la diputada socialista Esperanza Estévez.