Matas se desvincula del pago fraudulento de 120.000 euros públicos a un exconcejal del PP

El expresidente del Govern Jaume Matas se ha desvinculado del pago supuestamente fraudulento de 120.000 euros públicos que, según los investigadores, ordenó abonar a un empresario y exconcejal del PP en el municipio mallorquín de Calvià, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, Matas ha prestado declaración como imputado durante apenas veinte minutos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, y tras su comparecencia ha sido el turno del exnúmero dos de la Conselleria de Presidencia y exsecretario general técnico de este departamento, Antonio Amengual.

Matas, quien se encuentra pendiente de que el Gobierno central resuelva si le concede el indulto que solicitó a raíz de la condena de nueve meses de cárcel que la Audiencia Provincial de Baleares le obliga a cumplir por el primer juicio del caso Palma Arena, ha negado de este modo las acusaciones vertidas sobre él en relación al pago de los 120.000 euros, al recalcar que en ningún momento intervino para favorecer al exregidor del PP.

El exministro fue imputado en este nuevo procedimiento judicial, derivado de otro caso de corrupción, el caso Turismo Jove, que llevó a juicio a varios exaltos cargos implicados en una trama por la que desviaron, entre 2003 y 2007, más de un millón de euros a través del consorcio público Turisme Jove, lo que provocó su quiebra técnica.

Uno de los inculpados, el exdirector general de Juventud del Govern, Juan Francisco Gálvez, involucró a Matas en el pago de 120.000 euros procedentes del consorcio, al acusarle de haberle ordenado transferir esta cantidad al exconcejal del PP en Calvià Jesús García Oeo, bajo la apariencia de que irían destinados a varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal). Unas estancias que nunca llegaron a realizarse.

Cabe recordar que Matas ha sido condenado por dos piezas del caso Palma Arena. Sobre él pesan así nueve meses de cárcel -cuyo cumplimiento está pendiente del indulto que ha solicitado al Gobierno- por las irregularidades en la concesión de una subvención al periodista que redactaba sus discursos, así como una multa de 9.000 euros -sentencia que aún no es firme- por percibir una dádiva de 42.000 de un hotelero mallorquín.