Actualizado el 11/03/2014 11:46 Compartir
En el caso de Matas, citado a las 10.00, será interrogado por supuestamente haber ordenado el pago fraudulento de 120.000 euros públicos a un empresario y exconcejal del PP en el municipio mallorquín de Calvià, y en el de Munar, por un presunto delito de blanqueo de capitales en la causa que investiga delitos de alcance millonario por la recalificación del polígono palmesano de Son Oms.
Matas deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, mientras que Munar lo hará en el de Instrucción número 8, cuyo titular, Antoni Rotger, asumió el caso Son Oms después de que el de Instrucción 2 -encargado de las pesquisas-, Pedro Barceló, se abstuviera del procedimiento por amistad manifiesta con la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM). Se da la circunstancia de que ambas instancias judiciales se encuentran en la misma planta de los Juzgados de Vía Alemania.
Junto a Matas también ha sido emplazado el exnúmero dos de la Conselleria de Presidencia y exsecretario general técnico de este departamento, Antonio Amengual (11.00 horas), mientras que, antes de la declaración de la exlíder 'uemita', será interrogado el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens. Tanto Munar como Vicens se encuentran en prisión cumpliendo condena por otras causas de corrupción.
Matas, quien se encuentra pendiente de que el Gobierno central resuelva si le concede el indulto que solicitó a raíz de la condena de nueve meses de cárcel que la Audiencia Provincial de Baleares le obliga a cumplir por el primer juicio del caso Palma Arena, fue imputado así en una nueva causa derivada de otro caso de corrupción, el que llevó a juicio a varios exaltos cargos implicados en una trama por la que desviaron, entre 2003 y 2007, más de un millón de euros a través del consorcio público Turisme Jove, lo que provocó su quiebra técnica.
Uno de los inculpados, el exdirector general de Juventud del Govern, Juan Francisco Gálvez, involucró a Matas en el pago de 120.000 euros procedentes del consorcio, al acusarle de haberle ordenado transferir esta cantidad al exconcejal del PP en Calvià Jesús García Oeo, bajo la apariencia de que irían destinados a varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal). Unas estancias que nunca llegaron a realizarse.
Por su parte, Munar, cuya declaración inicialmente estaba fijada para el 22 de enero si bien el juez aplazó la comparecencia por problemas de agenda de las defensas, se vio involucrada en esta compleja causa a raíz de la confesión arrojada por Vicens en el juicio celebrado a mediados del pasado año por el denominado caso Can Domenge, al reconocer que entregó dinero a la expresidenta del Consell en relación con el desarrollo del polígono de Son Oms.
En concreto, el caso Son Oms estalló hace más de cinco años después de que un empresario y propietario de una de las fincas del polígono, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y el también expresidente del Parlament, Maximilià Morales (UM) le exigieron comisiones de un 15 por ciento por la recalificación de su solar. Tras ello, la Fiscalía interpuso una querella contra Vicens y Morales, así como contra el abogado Jaume Montis, propietario de Gestora de Desarrollo Son Oms.
En concreto, Matas ha sido condenado por dos piezas del caso Palma Arena. Sobre él pesan así nueve meses de cárcel -cuyo cumplimiento está pendiente del indulto que ha solicitado al Gobierno- por las irregularidades en la concesión de una subvención al periodista que redactaba sus discursos, así como una multa de 9.000 euros -sentencia que aún no es firme- por percibir una dádiva de 42.000 de un hotelero mallorquín.
Por su parte, Munar acumula dos condenas que suman once años y medio de cárcel y se encuentra en prisión desde el 24 de julio de 2013. La expresidenta fue condenada en firme a cinco años y medio de prisión por el desvío de 240.000 euros del Consell en favor de la productora que tanto Munar como quien fuera su 'delfín' político, Miquel Nadal, controlaban a través de testaferros. Del mismo modo, sobre ella pesan seis años de cárcel por la adjudicación irregular de los solares de Can Domenge a la promotora Sacresa, sentencia que se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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