Un testigo ratifica que Segura cobraba del Govern mientras se dedicaba a captar votos para el PP

Un testigo que ha comparecido en las pesquisas que restaban por juzgar del denominado caso Mapau, que estalló en 1999 en torno a la supuesta captación irregular de votos en Sudamérica a favor del PP, ha aseverado que la presunta agente electoral del partido Maria de la Pau Segura, pese a estar contratada en el Instituto Balear de Desarrollo Industrial (IBDI), se dedicaba a conseguir sufragios de emigrantes mallorquines para las elecciones autonómicas de ese año.

Así lo ha puesto de manifiesto el exdirector del área de promoción comercial del IBDI Jaume Payeras, quien ha relatado que Segura no trabajaba "físicamente" para la entidad pública ya que "simulaba que trabajaba para el IBDI pero hacía otras funciones. Tengo mis sospechas de que trabajaba para Presidencia del Govern", ha aseverado el testigo.

En este sentido, Payeras ha apuntado tener "una idea bastante clara" de la labor a la que se dedicaba Segura, refiriéndose más en concreto a la captación de sufragios en Argentina. El testigo ha afirmado que "las directrices políticas importantes venían siempre de instancias superiores", aludiendo más en concreto al conseller del área y a la Presidencia, que entonces estaba en manos de Jaume Matas.

En concreto, estas pesquisas se enmarcan en la primera causa de corrupción que salpicó, en 1999, al expresidente autonómico quien, por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), no fue finalmente imputado. La causa global, que fue archivada, investigaba una trama de captación de sufragios en Sudamérica en favor de los 'populares' para los comicios de 1999.

Fue la constituida como 'Sala de la discordia' del TSJIB la que debía deliberar en 2005 sobre la imputación de Matas -investigado en la actualidad en el marco del caso Palma Arena- y de la entonces consellera de Presidencia del Govern Rosa Estaràs en el marco del caso Mapau. Fueron la mayoría de los componentes de la Sala, entre ellos el actual presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Antoni Terrasa, quienes votaron en contra del encausamiento de ambos aforados.

La causa, incoada el 10 de junio de 1999, indagaba cómo numerosos descendientes de inmigrantes de Baleares que residían en Argentina fueron inscritos en el censo de Formentera, circunscripción clave en los comicios de 1999 para decantar el color del gobierno autonómico, mientras que se habrían pagado con fondos públicos viajes a Sudamérica que, con el objetivo aparente de dinamizar las Casas Regionales radicadas en el exterior, se habrían destinado a la búsqueda de sufragios en beneficio del PP.