Presentan en Menorca la ley de actividades, basada en buena fe de emprendedores

El conseller de Administraciones Públicas del Govern balear, Simón Gornés, ha presentado en Menorca el borrador de la nueva ley para la instalación, el acceso y el ejercicio de actividades, basada en la buena fe de los emprendedores.
"Representa -ha afirmado- un cambio de mentalidad tanto para la administración como la actividad económica, porque se pasa de una filosofía intervencionista y de control previo a la confianza en la buena fe de los emprendedores y empresarios, con la inspección posterior".
Según el conseller Gornés, "es la ley de la libertad y de la responsabilidad".
A partir de ahora, el 90 % de las actividades se podrán tramitar con la presentación de una declaración responsable, cuando hasta ahora había que esperar treinta días para las actividades y obras menores.
Para el 10 % restante -instalaciones mayores, edificios nuevos o infraestructuras comunes- será necesario un permiso de instalación de obras y actividades, que se otorgará en un plazo de entre dos y cuatro meses.
Simón Gornés ha subrayado el impacto que la nueva normativa tendrá en las zonas turísticas al facilitar y desbloquear problemas de transmisión así como cambios de titular en zonas donde hasta el 40 por ciento de los expedientes son de traspaso.
"La reducción de costes será importante ya que no será necesario pedir muchas licencias de nuevo, tal y como ocurre ahora", ha declarado Gornés.
El borrador de esta ley parte de la idea que el titular y el técnico de parte serán los responsables de que la actividad cumpla la normativa.
La administración realizará los controles para garantizar el cumplimiento de la norma y detectar actividades clandestinas.
La inspección y el control serán más eficaces -ha afirmado el conseller- ya que se creará un registro autonómico de actividades que será global, y podrá ser utilizado por diversos organismos.
También habrá un plan de inspección autonómico donde se impulsarán la estandarización y los protocolos de inspección.
La redacción de este nuevo texto normativo se ha llevado a cabo por la necesidad jurídica de adaptación de la normativa a la directiva de la Unión Europea de servicios y simplificación administrativa y electrónica, así como al Estatuto de Autonomía.