El PSIB-PSOE denuncia que el alquiler de un piso ha pasado de 930 a 1.390 euros en dos años porque Prohens no ha querido limitar los precios

El diputado del Grupo Socialista Carles Bona ha expuesto hoy que en los dos primeros años del Gobierno de Prohens, los precios del alquiler han crecido una media del 45%, pasando de un alquiler medio de 959 euros en 2023 a los 1.390 euros de 2025, 431 más. Los datos medios corresponden a las fianzas depositadas en el IBAVI entre 2023 y 2025, sin tener todavía resultados de este año. En todo caso, Bona recalcó que se trata de una media, porque en casos como en Manacor, el incremento fue del 100%.

El diputado socialista ha expuesto que esta situación ha provocado que haya mucha gente en las Islas que no puede hacer frente a estos incrementos y que, como consecuencia "o acabas siendo expulsado de la isla, o desahuciado de tu casa". Y el principal motivo de haber llegado a esta situación es la carencia de medidas adoptadas por el Gobierno de Marga Prohens.

Carles Bona ha recordado, en una entrevista en Ona Mediterrània, que la Ley estatal de la Vivienda está vigente desde 2023, pero la presidenta Prohens se ha negado a aplicarla y no ha declarado las Islas Baleares como zona tensada por la vivienda, lo que permitiría chocar los precios del alquiler: “Si se hubiera declarado la gente tensa ahora viviría mejor, porque ahora se siente ahogada”. Bona ha concretado que las Islas Baleares es uno de los primeros territorios más afectados por los desahucios, ya que en los últimos años se han producido más de 2.000.

Sobre los decretos leyes que debe convalidar mañana el Congreso, Bona ha defendido que se trata de medidas que intentan dar respuesta a situaciones que se han canalizado en el caso de Maricarmen, en Madrid, pero también en las Islas, con situaciones como la de una mujer que en Palma expuso que después de haber cotizado 40 años ahora debe vivir en un coche; o en Santa Catalina, otra mujer víctima de malos tratos, desahuciada desde junio; u otros casos (as Raiguer, en Porto Cristo) que, sin ser mediáticos, no dejan de ser consecuencia de no haber querido aplicar la Ley estatal de la vivienda.

Por eso, el PSIB-PSOE considera importante convalidar mañana los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, pero también es imprescindible trabajar más medidas. En este sentido, Carles Bona justifica la necesidad de combatir los fondos buitre, que sí tienen una incidencia en las Islas Baleares: "Prohens dice que los fondos buitre representan un 4%; y esto son 20.000 viviendas, diez veces más que el parque público de pisos". Por tanto, sí que es justificado “perseguir que los fondos buitre no sigan especulando”.

Del mismo modo, Bona ha defendido la proposición de Ley que el PSIB-PSOE llevará el martes al Parlamento, para permitir que, si Prohens no ha querido hacerlo en todo el territorio, al menos sean los Ayuntamientos quienes puedan decidir en cada caso si quieren declarar el municipio como zona tensada por la vivienda. En esta línea, Bona ha dicho que "hay muchos municipios que están dispuestos a combatir la especulación inmobiliaria de los fondos buitre", como es el caso de Inca y otros gobernados por equipos de gobierno socialistas. O como también ha sido el caso de Galicia, donde el Gobierno del PP ha permitido que municipios como A Coruña hayan aprobado la declaración de zona tensada.

Bona admitió que el problema del acceso a la vivienda hay que atacarla desde diferentes vertientes. Por eso, ha valorado muy positivamente la oportunidad que Europa ha hecho de haber "abierto la puerta a prohibir la compra de segundas residencias a extranjeros", ya que de esta forma se reduciría el hecho de que el 30% de las compraventas en las Islas Baleares están hechas por capital extranjero.