Actualizado el 11/10/2025 18:50 Compartir
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha sacado hoy a exposición pública la propuesta de Ley Agraria 2025. Se trata de un documento que ya puede consultarse en el siguiente enlace y que abrirá su trámite para la presentación de alegaciones el próximo lunes, 13 de octubre, por un período de diez días hábiles. En líneas generales, este nuevo texto ofrece herramientas para facilitar la actividad y mejorar la rentabilidad del sector.
Esta futura Ley Agraria de las Illes Balears nace con el objetivo de recuperar el espíritu de la normativa de 2014 y superar las limitaciones introducidas por la Ley 3/2019, que había restringido derechos y frenado inversiones en las explotaciones agrarias, además de adaptarse a la normativa actual. Así, la nueva norma devuelve al sector agrario herramientas que facilitan la actividad diaria de los agricultores y ganaderos, simplifica los trámites administrativos y refuerza su papel como gestores del territorio, del paisaje y del medio ambiente.
En este sentido, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha querido destacar que este primer texto “es el resultado de un proceso de trabajo conjunto con el sector, fruto de los encuentros mantenidos durante los últimos meses con organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones de productores, colegios profesionales y los consejos insulares. Todas estas aportaciones han permitido elaborar una propuesta inicial adaptada a las necesidades reales del campo balear”. Cabe recordar que en agosto de 2024 se abrió el trámite de consulta pública del Anteproyecto de la nueva ley agraria de las Illes Balears. Durante dos meses se recogieron, analizaron e incorporaron las sugerencias recibidas tanto por parte de la ciudadanía como de las organizaciones afectadas.
Entre las principales novedades, la ley ofrece herramientas para facilitar la actividad, el mantenimiento y la potenciación de la actividad agraria; fomenta la venta directa y la degustación de productos locales en las explotaciones; impulsa la energía renovable agrovoltaica y otorga un papel central a la simplificación administrativa como principio rector de la acción pública agraria. “Con esta ley damos un paso adelante hacia un campo más rentable, libre de trabas innecesarias y con nuevas oportunidades para nuestros agricultores y ganaderos”, ha asegurado Simonet. “Queremos que trabajar en el sector agrario sea una opción de futuro, digna y sostenible. Y tenemos una cosa clara: esta ley no da ayudas, da herramientas para trabajar y prosperar”, ha explicado.
Simonet ha subrayado también la importancia del papel de las entidades agrarias en la elaboración de esta propuesta: “Este nuevo texto nace del diálogo. Hemos escuchado al sector y hemos recogido la mayoría de sus propuestas. El resultado es una norma realista, útil y pensada para mejorar la vida de quienes trabajan la tierra”. No obstante, aún pueden añadirse más propuestas, que serán estudiadas y valoradas con el mismo espíritu de trabajo conjunto que ha habido hasta ahora.
Además, cabe señalar que este nuevo texto está en consonancia con los debates que se mantienen en el ámbito europeo sobre el futuro de la agricultura y que buscan configurar un sector agrícola y agroalimentario atractivo para las generaciones futuras; un sector que sea multifuncional y que ofrezca un amplio abanico de oportunidades para el empleo y la diversificación empresarial de las zonas rurales. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó recientemente una resolución en la que subraya “que las políticas deben apoyar tanto la agricultura como actividad fundamental, como la diversificación económica mediante el desarrollo del turismo rural sostenible, las pequeñas empresas, la artesanía y los servicios locales, a fin de que las regiones rurales sean viables y atractivas”.
La futura Ley Agraria 2025 apuesta también por la bioeconomía circular, regulando de manera detallada la gestión de los residuos y de la biomasa, e impulsando las energías renovables en las explotaciones agrarias. Además, establece condiciones precisas para la venta directa y el circuito corto, apoyando el producto local y reforzando la soberanía alimentaria. “Esta propuesta considera que la agricultura no es solo un trabajo, sino un estilo de vida arraigado. Es patrimonio histórico, cultural y tradicional”.
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