El PSIB califica el acuerdo del Consell de Mallorca con AirBnB 'de acto propagandístico sin contenido'

El acuerdo firmado por Galmés y el portal de alquiler turístico se limita a repetir una mínima parte de la reglamentación española en vigor y que es ya de obligado cumplimiento para las plataformas. Además en el acto se dio la cifra de 130 anuncios anulados, cuando el propio departamento de Turismo ya había detectado hasta 6.000 anuncios ilegales, según relató el conseller Marcial Rodríguez. "Nos encontramos ante un nuevo episodio de los actos de propaganda y sin contenido de Galmés, que da mensajes de contención de la oferta ilegal mientras que en realidad sigue fomentando la sobresaturación turística", ha afirmado la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera.

Nuevo conato propagandístico en el Consell de Mallorca, esta vez a base de los anuncios de alquileres vacacionales ilegales en la plataforma AirBnB. El acuerdo firmado la pasada semana entre el Consell de Mallorca y el portal líder en alquiler vacacional en el mundo es "un acto propagandístico sin contenido que sólo sirve para simular mientras no se hace nada". Así lo calificó la portavoz socialista, Catalina Cladera.

El contenido del acuerdo es una mera declaración de intenciones que solo se limita a recoger parte de la reglamentación que ya está en vigor en España desde el pasado año, tras la aprobación del marco regulador en la Unión Europea. El acuerdo se compromete a mantener un protocolo de notificación y desactivación de anuncios, la obligación del portal a incluir un número de registro válido, ya realizar una campaña educacional a los anunciantes que publican sus alojamientos.

Resulta que estos puntos ya están incluidos y son de obligado cumplimiento para las empresas que operan en España, desde la aprobación del Reglamento 2024/1028 de 11 de abril de 2024 sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración del Parlamento Europeo y del Consejo1 que se ha desarrollado20.

El Reglamento del que se deriva el Reglamento en vigor en el Estado, se llevó a votación en el plenario del Parlamento Europeo y salió aprobado por una gran mayoría, aunque el PP español rompió la disciplina de voto de su grupo, absteniéndose. "Soca mucho que el PP no quisiera votar favorablemente a esta regulación, porque se quedaron solos como una formación que no aportaba firmemente por la persecución de la oferta ilegal", ha dicho Cladera.

La normativa española es mucho más restrictiva que el acuerdo firmado por Galmés y AirBnb, porque en realidad también obliga a las plataformas a informar mensualmente a la Administración de los datos de funcionamiento de cada alojamiento, oa que en los anuncios que se publican se incluya explícitamente el número legal de autorización administrativa como alquiler turístico. Puntos que no aparecen en el acuerdo del Consell de Mallorca.

Además, el reglamento va un paso más allá y obliga a las plataformas a retirar los anuncios que se hayan publicado con un número de registro erróneo, en un plazo inferior a las 48h desde que reciban orden administrativa por parte de la autoridad competente, el Consell de Mallorca en el ámbito de la isla. El acuerdo de propaganda y autobombo también ha obviado la obligación de las plataformas a realizar comprobaciones aleatorias y periódicas de los números de registro, que deben remitirse a la administración a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda.

“Marcial Rodríguez y Galmés han vuelto a dar muestras de su capacidad para vender humo y hacer creer que se está actuando de verdad en contra del alojamiento ilegal, pero en realidad han hecho una foto y un papel con AirBnB que no obliga a nada que no esté en el Reglamento estatal”. Además, Cladera ha señalado que en la misma nota de prensa oficial se hacía referencia a que el acuerdo ya había provocado la retirada de 130 anuncios ilegales, pero ha recordado que el propio dúo, Marcial Rodríguez y Galmés, en octubre de 2023, difundieron la cifra de 6.000 anuncios pensaba poner en marcha la maquinaria de la administración. “Casi dos años después quieren vendernos como un éxito haber hecho descolgar 130 anuncios, cuando esta cifra representa un 2% de la propaganda ilegal que ellos mismos afirmaban haber detectado”.

Para Cladera queda demostrado una vez más que “la voluntad real del PP en materia de Ordenación Turística en Mallorca es la de seguir teniendo manga ancha con sus amigos, permitiendo comercializar 90.000 plazas que estaban condenadas a extinguirse y que se podrían destinar a aliviar la crisis de la vivienda, y con estos anuncios el álbum de fotos personales de Galmés de la legislatura”.