Actualizado el 29/04/2025 13:41 Compartir
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Carol Marquès, ha acusado a la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, de querer crear viviendas en Palma por 350.000 euros a través del nuevo decreto ley del pelotazo urbanístico.
En concreto, la diputada socialista ha concretado que la nueva normativa dice que de las 20.000 nuevas viviendas que prevé en Palma, 10.000 serán de precio libre, que serán "segundas residencias, mientras que los otros 10.000 serán todas viviendas de precio limitado, porque "será el promotor quien decidirá la protección pública a aplicar con el único interés.
Así las cosas, Marquès ha denunciado que el precio por una vivienda de precio limitado de nueva construcción en Palma es de 3.687 euros el metro cuadrado, por lo que un piso de 85 metros cuadrados, de dos habitaciones, va a costar unos 350.000 euros con impuestos y gastos incluidos. Para poder pagarlo, será necesario tener unos ahorros mínimos de 70.000 euros de entrada, y financiar el resto con una hipoteca de 1.300 euros mensuales durante 30 años.
Sólo podrá hacer frente a estos gastos quien cobre unos 4.300 euros netos al mes, teniendo en cuenta que el sueldo medio de los residentes en las Islas Baleares es de 1.830 euros netos al mes, lo que implica que estas viviendas “son accesibles por menos de un 5% de la población, por los más privilegiados” que por lo tanto ha criticado que “el Gobierno dejen de mentir descaradamente y crear falsas expectativas también a los jóvenes”.
Además, Marquès ha alertado de que Prohens "ha condenado a dos generaciones de esta tierra a no poder acceder a una vivienda digna en su vida, a cambio de que cuatro especuladores puedan llenarse aún más sus bolsillos".
El Gobierno elimina las viviendas de protección oficial
Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, quien advirtió que con el nuevo decreto ley del pelotazo urbanístico de Palma, el Govern reducirá al mínimo posible la construcción de viviendas de protección oficial, como han hecho en Palma, donde han eliminado 10.000 VPO que estaban calificados y ahora quieren extender esta propuesta a las 24 municipios más pobladas.
Por ello, el portavoz parlamentario adjunto ha acusado a la presidenta de hacer una normativa "para que no se construyan VPO y se eliminen los que hay planteados, en el momento en el que tenemos la mayor crisis de vivienda y cuando llevan dos años gobernando", por lo que se ha pedido "por qué no se exige por ley a los ayuntamientos que incrementen construir?”.
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