El PSIB-PSOE evidencia que el “alquiler seguro” del Gobierno no beneficia a la ciudadanía ni resuelve los problemas de la vivienda

El PSIB-PSOE ha puesto hoy en evidencia las numerosas carencias y la inutilidad del programa Alquiler Seguro, que ha puesto en marcha el Govern, porque no permite un acceso real a la gran mayoría de la ciudadanía, ni resuelve, de hecho, los graves problemas de acceso a la vivienda que sufre la comunidad.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela ha recriminado a la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, que más de 159.000 trabajadores de diferentes actividades laborales no podrán beneficiarse del programa Alquiler Seguro que impulsa el Gobierno, por tener unas rentas insuficientes para poder -acogerse. En concreto, Negueruela ha expuesto que ya se perciben numerosas críticas por parte de la gente "que tiene un salario medio en estas islas" que les impide beneficiarse del programa.

Tras haber revisado diferentes convenios colectivos, Negueruela ha indicado que el salario medio de una camarera de piso es de 1.800 euros y hay 20.500 camareras de piso, lo mismo que cobran los 45.500 camareros y los 19.500 cocineros que trabajan en las Islas. En comercio, el salario de los 3.815 repositorios es de 1.200 euros, y el de los 24.900 dependientes de comercio, 1.243 euros. En construcción, los más de 39.400 oficiales cobran unos 1.770 y los 5.270 peones, en torno a los 1.430 euros. Por lo que respecta a los funcionarios públicos, los salarios están entre 1.800 y 2.032 euros.

Sin embargo, la suma de todos estos colectivos superan los 159.136 trabajadores y trabajadoras que “seguro que no podrán acceder al programa de alquiler seguro, una afirmación que la presidenta Prohens no ha desmentido en ningún momento.

Tampoco el Gobierno da respuesta a las cuestiones planteadas por la diputada Mercedes Garrido, quien pidió por los criterios seguirán las inmobiliarias para realizar la selección de los beneficiarios del programa de vivienda. Garrido ha constatado que pese a que el PSIB-PSOE pide desde el 1 de octubre copia de los acuerdos o convenios que el Govern ha firmado con el colegio de administradores y agentes de la propiedad inmobiliaria, 29 días después el Govern todavía no lo ha hecho público.

En concreto, Garrido ha pedido al conseller Mateo "cómo harán el casting las inmobiliarias para elegir a los inquilinos" del programa Alquiler seguro, y ha reproducido unas declaraciones del presidente de los administradores inmobiliarios que demuestran que el Govern, a través del IBAVI, " quiere tener una garantía de cobro; no quiere gestionar un plan de incobramientos, sino que quiere gestionar sus alquileres y cobrar sus rentas”. Por eso, Garrido ha afirmado que si el programa plantea que los beneficiarios pueden tener rentas de hasta 4.300 euros mensuales, y la renta media de los ciudadanos de las Islas es de 1.900 euros mensuales, las inmobiliarias, siguiendo las reglas de mercado, elegirá las más elevadas: “Este casting al que van a someter a la gente desesperada, que busca una casa en estas islas, acabarán eligiendo, en condiciones de igualdad, al que cobra 4.300 euros”. "Esto es un programa de selección natural, no de alquiler seguro, que deja fuera al 90% de los ciudadanos".

Por su parte, el diputado Marc Pons ha hecho hincapié en que ninguna medida del Govern se dirige a solucionar los problemas de vivienda, "ni para proteger los segmentos de población más vulnerables, ni para bajar los precios en conjunto" ; sino todo lo contrario: fomenta el calentamiento del mercado. Y ha puesto cuatro ejemplos.

Por un lado, Pons denuncia que el anuncio del Govern cuando expresó que renunciaba al derecho de retracto y tanteo era para los grandes tenedores: “Esto es libertad total de precios y esconder plusvalías. Y la prueba es Metrovacesa, cuando alguien se ha quedado 8 millones de euros que le tocaban al Govern, a consecuencia de esta política.

Una segunda medida ha sido la legalización de todas las viviendas ilegales en suelo rústico. Y permitir equipamientos urbanos y la construcción de viviendas en zonas de riesgo: “Nuevos derechos, incremento de precios y favorecimiento de la especulación”.

En tercer lugar, "como la política de vivienda pública protegida genera problemas porque no da beneficios". Por eso, “el Gobierno se inventa un programa de precio libre, con la intención de que entre el mercado y favorecer la subida de precios y mover aún más la inflación”.

Y el último ejemplo: el programa de alquiler seguro: “Es un mensaje para pequeños tenedores: Todos aquellos que tengan un alquiler por debajo de los 1.500 euros, que sepan que podrán pedir más; y en Ibiza, hasta 2.100”. Lo único que deben hacer es dejar que caduque el contrato, esperar seis meses, y se podrán pedir estos precios”. Otra medida que hará que se hinchen más los precios hacia arriba.

Pilar Costa también puso en evidencia que el Govern no tiene respuesta a cómo financiará el programa si hace lo que ha anunciado: que los propietarios puedan cobrar anticipadamente 7 años de renta. Costa indicó que ve con mayor preocupación y como medida inútil, el programa: “Si el precio de alquiler de 2.100 euros o 1.500 euros, según la isla de que se trate, se puede cobrar anticipadamente por parte del propietario, el Govern deberá de avanzar 176.400 euros por vivienda”. Y en el caso hipotético de que los 2.000 propietarios que el Gobierno prevé que se adhirieran al programa, “el Gobierno debería avanzar 352 millones de euros”, cantidad que debería incluirse en previsión presupuestaria.

Pero preocupa también las condiciones que se imponen a los posibles beneficiarios. Costa pidió al Govern una batería de preguntas: "¿Quién pagará los 1.500 euros de honorarios a las inmobiliarias por operación, además de la fianza de un mes que se exigirá al inquilino?". “¿Deberán pagar otra cuantía?”. "¿A qué se refieren cuando el Gobierno dice que debe pagarse una garantía además de la fianza?". "¿Qué tipo de aval tendrá que aportar el arrendatario?". “¿Es cierto que el 30% que se ve subvencionado por parte del Gobierno tendrá que pagar impuestos a Hacienda, por lo que las ayudas quedarán en nada?”. Pero el conseller Mateo no respondió a ninguna de estas cuestiones.