Los Socialistas instan al Consell de Mallorca el cierre cautelar del agroturismo ilegal vinculado al alcalde de Santa Margalida

El caso del agroturismo Ilegal de Muro, vinculado al alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, centra su polémica política en la reanudación del curso en Mallorca. Así la portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha pedido al Consell que se ejecute el cierre cautelar del establecimiento, por haber estado funcionando sin los correspondientes permisos, y que el PP rompa el pacto de gobierno que mantienen en Santa Margalida precisamente con el actual alcalde Joan Monjo, quien está directamente relacionado con la propiedad del agroturismo ilegal ubicado en Muro.

La sentencia firme de lo Contencioso Administrativo de Palma emitida en 2023 deja sin efecto cualquier permiso de funcionamiento del establecimiento, e insta a que el Consejo decrete el cese de la actividad. Sin embargo, los actuales responsables de la Ordenación Turística de Mallorca, el consejero Marcial Rodríguez y Llorenç Galmés, no lo han hecho y han "mirado hacia otro lado con Sa Atalaya Blanca". Cladera se ha quejado del oscurantismo del Consell de Mallorca, que en ningún caso ha aclarado aspectos fundamentales del expediente de sa Talaia Blanca, ni tampoco han abierto, hasta ahora, el expediente del caso para su consulta, como ya se ha pedido desde el grupo socialista.

Cladera ha preguntado cómo es que un año después de que la sentencia sea firme, el establecimiento permanece abierto, y considera importante saber quién "ha aconsejado la propiedad del establecimiento" desde la institución insular para tramitar una nueva declaración responsable de inicio de actividades el pasado mes de junio. Asimismo se desconocen el número de plazas solicitadas en esta nueva DRIAT, y en su caso se relaciona con la salida de la secretaria general del departamento de Turismo del Consell este mismo año.

“A quien dio órdenes el sr. Galmés para regularizar la situación de sa Talaia Blanca” ha pedido Cladera, que considera que este tema esconde “demasiadas preguntas y ofrece pocas respuestas”.

Nuevo curso político manchado por la sombra de la corrupción

El caso de Sa Atalaya Blanca de Muro alimenta la leyenda de la corrupción sistémica que acompaña al PP cada vez que gobierna, y ahora se complementa con la eliminación total de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares ejecutado de forma implacable por PPVOX, cuando éste era precisamente el órgano encargado de estudiar gran parte de estos casos.

Cladera ha destacado que el curso político en Mallorca "empieza con un Llorenç Galmés ausente y escondido", y ha criticado el viaje realizado a Perpiñán esta semana "para hermanar pueblos gobernantes por la ultraderecha", en vez de permanecer en la isla con una previsión de una DANA que dejó fuertes aguaceros, una persona muerta y otra desaparecida para ser arrastrados por la crecida de las aguas en el Torrent de Pareis.

Igualmente el mes de agosto no ha servido para que Galmés haya tomado la iniciativa respecto a la situación laboral de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, la política con el salario más elevado de las islas al poder compatibilizar al 100% la su trabajo como funcionaria de la CAIB con el salario del 75% de la dedicación a la portavocía del Grupo Popular en el Consell de Mallorca. Un hecho que supone de facto una jornada laboral de 14 horas diarias, sumadas ambas actividades, jornada que en ningún caso se cumple.

La portavoz socialista ha calificado de "vergüenza" la estrategia política del PP respecto a los menores inmigrantes no acompañados, un nuevo ejemplo del "uso que el PP hace de los menores más vulnerables para hacer política sucia". "Usa esta excusa para atacar al Gobierno del Estado y para acercarse a VOX, cuando es en Mallorca donde se tienen estas competencias". Cladera ha calificado de "gran irresponsabilidad" la actitud de Galmés, y le ha pedido cómo es posible que el propio PP haya evitado ni siquiera debatir la modificación de la Ley de extranjería en el Congreso de los Diputados, que aportaba soluciones comunes al reparto solidario de los menores no acompañados llegados al Estado. Igualmente Cladera considera que Galmés “malbarata recursos del IMAS que se podían dedicar a la atención de los menores”, cuando decide poner a la venta un inmueble en Puntiró que se podría dedicar a temas sociales, en caso de que existiera la voluntad real de servicio social.