Actualizado el 11/06/2024 17:30 Compartir
“Hoy es un día importante para los ciudadanos de estas islas. Después de 8 años de burocracia, 8 años de crear una telaraña legislativa insoportable para los ciudadanos, las empresas y la propia Administración, y 8 años de inundar la vida de la ciudadanía de trámites y procedimientos, empieza la etapa de la simplificación administrativa”, ha afirmado el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. “Hoy empieza una etapa donde la Administración pasará a ser una solución, un aliado para solucionar todas y cada una de las situaciones con la máxima celeridad y facilidad”, ha añadido.
El Consell de Govern aprobó el Decreto ley el pasado 24 de mayo, después de cuatro meses de trabajo de la Comisión de Simplificación Administrativa, que agrupaba todas las Consellerias del Govern, los cuatro consells insulares y los ayuntamientos a través de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), y también del grupo de trabajo de carácter técnico. Además, se han hecho numerosas reuniones con colegios profesionales, entidades y asociaciones para escuchar y recoger propuestas de mejora.
El texto legislativo contiene la modificación de una cincuentena de leyes, 170 modificaciones en los articulados, la eliminación de trámites que suponían duplicidades, y medidas que afectan a todas las Consellerias y a todas las administraciones públicas. “La ciudadanía y las empresas merecen recibir una respuesta en el menor tiempo posible. Y no estamos diciendo que se diga que sí a todo, estamos diciendo que se diga que sí, o que no, en un tiempo razonable. Porque ganar eficiencia y eliminar burocracia es una de las herramientas más potentes para atraer las inversiones en las Illes Balears, y al mismo tiempo para mejorar la productividad de nuestro modelo económico. Tenemos mucho en juego ”, ha expresado el vicepresidente.
Así, este primer decreto de simplificación y racionalización administrativas actúa encima de los dos principales embudos burocráticos de la Administración. Por un lado, se suprime la Comisión de Medio ambiente de las Illes Balears (CMAIB) para despolitizar y priorizar el carácter técnico de la evaluación ambiental, asimilando las Illes Balears al resto de comunidades autónomas, que no tienen estos órganos colegiados. Y por otro lado, se agilizan centenares de expedientes de la Dirección General de Recursos Hídricos.
Además, entre otras medidas, el Decreto contiene la exención del pago de la matrícula universitaria para los estudiantes, teniendo en cuenta criterios socioeconómicos o de resultados académicos; la creación de complementos de difícil y muy difícil cobertura para los docentes en Menorca, Ibiza y Formentera; la creación de la historia social única para garantizar una atención integral y efectiva; la posibilidad de externalizar las licencias urbanísticas a través de las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), y las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV); o la legalización de edificaciones fuera de ordenación. También se ha elaborado una guía de simplificación administrativa, y se han puesto las bases del Plan de digitalización de las Illes Balears, que se presentará en las siguientes semanas.
“Nunca se ha hecho un decreto en esta comunidad autónoma que contenga tantas medidas de todos los ámbitos para mejorar la vida de la ciudadanía de estas islas. Ante las imposiciones de los últimos 8 años, este Govern apuesta para dar herramientas a los consells insulares, a los ayuntamientos, y a la ciudadanía en general, en plena libertad”, ha afirmado el vicepresidente.
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