El PSIB-PSOE denuncia la desidia de Prohens por garantizar los derechos de los trabajadores, la vivienda, la memoria democrática y la transparencia

El Grupo Parlamentario Socialista ha centrado la sesión de control al Gobierno en la carencia de acción del Ejecutivo de Prohens a la hora de garantizar determinados derechos de ciudadanía, como el empleo de calidad, la vivienda, la memoria democrática o la transparencia y el buen gobierno.

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha denunciado la desidia de la presidenta del Gobierno en el ámbito social, donde en menos de un año el actual Ejecutivo ya va por el nombramiento del tercer director del Instituto Balear de Salud Laboral, IBASSAL, órgano encargado precisamente de elaborar los estudios de carga de las camareras de piso.

Precisamente, el portavoz parlamentario socialista ha lamentado la falta de acción del consejero de Empresa, quien no ha mediado en la huelga producida en el aeropuerto, y teniendo en cuenta que por primera vez un convenio colectivo, el de hostelería, ha sido impugnado.

Además, Negueruela ha alertado de que “la única presión que conozco está en el auto de la Audiencia Nacional, donde se dice que se habría caducado el expediente de reclamación de las mascarillas por la presión de la trama en el Gobierno de Prohens”, por lo que ha pedido a la presidenta “si puede garantizar que no dio orden a nadie para firmar el expediente de falso desistimiento sin informes jurídicos”.

El diputado Llorenç Pou también se ha referido a los efectos sobre los trabajadores y trabajadoras que tiene la saturación turística, asegurando que "el PP se consolida como una máquina de masificación turística".

Pou ha recordado que "el único partido que ha incrementado plazas en estas islas es el PP", con la Ley Delgado de 2012 con la que se generaron 15.000 nuevas plazas sin la obligación de ser notificadas, o las 90.000 plazas de alquiler vocacional surgidas durante la etapa 2011-2015.

Contra esto, el diputado socialista ha reivindicado la eliminación del incremento de plazas ilegales, la aprobación del Impuesto del Turismo Sostenible o la nueva Ley Turística que eliminaba la posibilidad de incrementar plazas, todo ello con los votos en contra del PP.

En relación con la derogación de la ley de memoria democrática, la diputada Sílvia Cano ha acusado al PP de alinearse con la extrema derecha y dejar que “Vox les haga el trabajo sucio, plegándose a quienes piensan que el golpe de estado del 36 era una cruzada de liberación nacional”.

Cano ha criticado que el problema del PP es que "no se han leído la ley que pretenden derogar, porque si la miran verían que está sujeta a los parámetros internacionales y de la ONU en cuanto a la definición de víctimas".

Además, ha destacado que la normativa nació desde el máximo consenso con el PP y una gran vocación de perdurabilidad, por lo que “si la derogan, tendrán que explicar qué pasará con el censo de víctimas, con el censo de la simbología franquista, con los espacios de la memoria o con la promoción de las garantías de no repetición”.

En materia de vivienda, el diputado Ares Fernández ha reivindicado que "las únicas políticas de vivienda que se hacen en Baleares son las empresas por el anterior Gobierno socialista o las que impulsa el Gobierno de España", como la licitación de más de 500 viviendas sociales en Can Escandell en Eivissa, las más de 800 en Son Busquets o la eliminación de las Golden Visa anunciada ayer por el presidente Pedro Sánchez.

Fernández también se ha referido a las medidas en materia de vivienda aprobadas por el Gobierno de Prohens, sobre las que ha advertido que “meses después vemos que han hecho una norma para los grandes promotores y con las que siguen subiendo precios y ganan los de siempre”, por lo que ha vuelto a pedir al Govern que declaren las islas como zonas tensadas.

En materia de transparencia, la diputada Mercedes Garrido pidió al vicepresidente del Gobierno, Toni Costa, si puede asegurar que el decreto ómnibus que está trabajando el Ejecutivo no incluirá una legalización de todas las ilegalidades urbanísticas que se investigan en Campos.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, también ha acusado al Gobierno de Prohens de "frizar demasiado" con el cierre de la oficina anticorrupción, todo ello porque "este organismo investigaba al Ayuntamiento de Campos por presunta corrupción, la lo que genera preocupación y nirvios en el Consulado”.

Una estrategia que según Pons "les ha salido mal, porque la Fiscalía Anticorrupción se ha quedado el expediente de Campos y tantos atajos no han servido de nada".

Por último, la diputada Pilar Costa ha recordado que el Gobierno "ha caducado un expediente sin informe jurídico, ha desistido de un expediente sin informe jurídico y ha iniciado una revisión de oficio sin informe jurídico", lo que "en el Código Penal tiene un nombre, porque Javier Ureña, es el autor material, pero los autores intelectuales están sentados aquí”.