Actualizado el 12/09/2023 14:11 Compartir
Los votos de PP y Vox han rechazado la mayoría de los puntos de una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para incrementar el parque público de vivienda de nuestras islas, y en la que se ha pedido al Govern que siga adelante con la operación de Metrovacesa para adquirir 88 pisos para destinarlos a alquiler social, mantener el derecho de tanteo y retracto en la Ley de Vivienda; y mantener que los pisos del IBAVI sean destinados siempre a alquiler social.
La diputada encargada de defender la iniciativa, Mercedes Garrido, ha explicado que “la política de vivienda que el PP ha desarrollado en escasos meses que llevan al frente del Ejecutivo, es tremendamente perjudicial para la ciudadanía y para los intereses de la comunidad autónoma”.
Garrido ha trasladado la preocupación de los socialistas por el hecho de que Prohens "haya puesto al frente del IBAVI a la misma persona que nombró al expresidente Bauzá y quien vendió los solares del IBAVI para hacer un hotel", mientras que ahora “la consejera Vidal ha llegado y se ha deshecho de 88 viviendas, favoreciendo a Metrovacesa con pisos valorados muy por debajo de su precio de mercado para darle a ganar al mayor fondo buitre del mundo una cantidad indecente”.
Por ello, la diputada socialista ha asegurado que "el PP tendrá que dar muchas explicaciones de por qué un fondo buitre se lleva tantos beneficios volviendo atrás una operación que era completamente legal y amparada por la Ley de Vivienda de las Islas Baleares" .
Para la socialista, el Gobierno ha comenzado la legislatura “con un ataque frontal contra el derecho a la vivienda, interponiendo un recurso de inconstitucionalidad en la Ley de Vivienda estatal, cuando el Consejo Consultivo les ha dicho que no era inconstitucional en todos aquellos aspectos que tenían que ver con las zonas tensadas, y Baleares es una zona tensada en lo que respecta a la vivienda”.
Además, Garrido también ha recordado que el Govern sólo ha reunido a la parte empresarial para establecer medidas relacionadas con la vivienda, obviando a sindicatos, asociaciones de consumidores y asociaciones de personas afectadas por las hipotecas.
Por eso, la diputada socialista ha propuesto un gran acuerdo de país, que el Grupo Parlamentario Socialista ya presentó a la presidenta la semana pasada, y que incluye un pacto por la vivienda “en el que debemos encontrarnos todos y todas: partidos, instituciones, sindicatos, asociaciones empresariales, asociaciones de consumidores, entidades que defienden los derechos de los perjudicados por las hipotecas, jóvenes y sociedad civil”.
Este pacto por la vivienda incluye medidas como el incremento importante del parque público de vivienda, que las viviendas públicas se dediquen únicamente a alquiler social y que nunca dejen de tener la consideración de vivienda pública, que se mantenga la cesión temporal de uso de las viviendas para grandes tenedores y que el Govern complete la adquisición de las viviendas de Metrovacesa, “porque de lo contrario el Gobierno tendrá que dar explicaciones y muchas”.
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