GOB: 'La demolición en Cala Oli debe ser el inicio de la recuperación del litoral'

Estos últimos días hemos conocido que el Gobierno de las Islas Baleares ha autorizado la demolición de una construcción obsoleta situada en dominio público marítimo-terrestre en Cala Oli (Bendinat). Desde el GOB valoramos muy positivamente esta actuación, que supone un paso importante en la recuperación del medio natural y recuerda que el litoral es un bien común que debe preservarse en beneficio de toda la ciudadanía.

Sin embargo, queremos dejar claro que este hecho no puede ser un caso aislado. A día de hoy, el litoral de Mallorca se encuentra plagado de ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre, muchas de las cuales se han consolidado durante años sin el correspondiente título administrativo. Restaurantes, quioscos y otras instalaciones han ocupado -y en muchos casos siguen ocupando- espacios públicos sin autorización o incluso con solicitudes expresamente denegadas, y sin embargo siguen explotándose con toda normalidad, sin que la administración responsable adopte las medidas necesarias para restablecer la legalidad.

Terrazas de obra ilegales en DPMT ocupadas con mobiliario sin autorización. 2) Muros de cierre y terrazas ilegales del Hotel Sur (Colonia de Sant Jordi)

Cabe recordar que, incluso en el caso de concesiones legales, una vez éstas caducen o se extinguen, los titulares tienen la obligación de retirar todas las instalaciones y reponer el terreno a su estado natural. Así lo establece la normativa de costas, cuyo objetivo principal es la protección del dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 22/1988, de Costas, especifica que la protección del dominio público comprende la defensa de su integridad, la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención de los impactos derivados de obras e instalaciones. Por tanto, son ilegales todas aquellas transformaciones que alteren el relieve natural o introduzcan elementos artificiales permanentes, tales como muros de separación o plataformas fijas.

Renaturalizar estos espacios no es sólo una cuestión ambiental: recuperar espacio público, recuperar un bien común y devolver al litoral su funcionalidad natural. Los ciclos litorales no entienden de construcciones ni barreras artificiales, y su alteración acaba generando graves problemas de erosión y regresión.

La misma Ley de Costas es clara cuando establece, en su artículo 32.1, que no se pueden autorizar ocupaciones que puedan situarse fuera del dominio público marítimo-terrestre, y que las ocupaciones fijas, como terrazas o muros, requieren concesión administrativa preceptiva (artículo 64.1). Todo lo que no cumpla estos requisitos no debería permanecer en el litoral.

Desde el GOB llevamos años denunciando ante la administración de Costas ocupaciones muy conocidas, muchas de ellas otorgadas antes del año 1988, que consideramos que no podrían obtener prórroga al no cumplir los usos admisibles según la Ley de Costas y sobre las que no consta ningún título de prórroga publicado. Algunos ejemplos son la terraza y la piscina del Hotel Cala Vinyes, el complejo Puro Beach en Can Pastilla, la terraza y piscina del Hotel Daina en el Puerto de Pollensa, la piscina de PJ Rodríguez en la Costa de los Pinos o el quiosco de Cala Torta.

A todo esto se le añade el contexto de cambio climático, en el que muchas playas tienden a retroceder de forma progresiva. En numerosos puntos del litoral ya puede observarse cómo, durante temporales, las olas llegan directamente a las edificaciones, lo que no sólo acelera la degradación del sistema costero, sino que también supone un riesgo para la seguridad de las personas.

1)Piscina Urbanización Bellavista. 2) Edificación y terrazas de Cala Tuent. 3) Construcciones en Cala Castell

En una isla como Mallorca, sometida a una fuerte masificación, es más necesario que nunca recuperar espacios públicos y garantizar el estricto cumplimiento de la Ley de Costas. Esto implica aplicar de forma efectiva el principio de que, una vez finalizada una concesión, el terreno debe devolver a su estado natural, y que las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre deben limitarse únicamente a los casos estrictamente necesarios y justificados.

La demolición de Cala Oli es un buen precedente. Ahora hace falta coherencia, valentía política y voluntad real para avanzar hacia un litoral más natural, seguro y accesible para todos.