El Pleno del Ayuntamiento de Manacor rechaza la extensión de los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) en el municipio

La moción aprobada denuncia que la nueva regulación permitiría incrementos de densidad de población y edificabilidad muy superiores a los establecidos en el planeamiento urbanístico vigente, así como la reducción de espacios destinados a equipamientos y espacios libres, poniendo en riesgo el equilibrio urbanístico y el desarrollo sostenible del municipio.

El Pleno del Ayuntamiento de Manacor ha aprobado este lunes, a propuesta de los grupos municipales MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE y AIPC-SYS, una moción conjunta en rechazo a la afectación del Decreto ley 3/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante Proyectos Residenciales Estratégicos.

Este decreto ley, aprobado por el Gobierno de las Islas Baleares el pasado 14 de marzo y actualmente en tramitación parlamentaria vía proyecto de ley, inicialmente se refería sólo al municipio de Palma. Sin embargo, fruto de un acuerdo del Ejecutivo del PP con el grupo parlamentario VOX, se ha anunciado la voluntad de que las disposiciones sobre los PRE se extiendan a todos los municipios de más de 10.000 habitantes y, en especial, a las áreas de transición de los municipios con más de 20.000 habitantes, como es el caso de Manacor.

Los grupos municipales impulsores de esta moción han expresado su "profunda preocupación" por esta ampliación, ya que consideran que la forma en que se tramitará este Proyecto de ley representa una "intromisión grave" en las competencias municipales en materia de urbanismo. Además, denuncian que la nueva regulación permitiría incrementos de densidad de población y edificabilidad muy superiores a los establecidos en el planeamiento urbanístico vigente, así como la reducción de espacios destinados a equipamientos y espacios libres, poniendo en riesgo el equilibrio urbanístico y el desarrollo sostenible del municipio.

La moción aprobada expresa el rechazo del Ayuntamiento de Manacor a la modificación de la normativa territorial y urbanística de las Islas Baleares mediante la técnica legislativa de aprobar un decreto ley o aprobando enmiendas en el seno de la tramitación parlamentaria, sin garantizar el derecho fundamental a la participación de la ciudadanía y de los municipios afectados.

Asimismo, el Ayuntamiento de Manacor denuncia públicamente que la normativa sobre los PRE del Decreto Ley ha sido evaluada técnicamente sobre los suelos recogidos en el planeamiento de Palma, pero no se ha realizado sobre los suelos de crecimiento del resto de municipios, por lo que «entendemos que es imprudente aprobar unas enmiendas que trasladarían los efectos evaluados a Palmas a todos los municipios». reza el texto aprobado.

Asimismo, el Ayuntamiento de Manacor insta al Gobierno de las Illes Balears a preservar la figura de la vivienda de protección oficial y que, de forma específica, en los suelos en los que se desarrollen los PRE, el 50% de la reserva destinada a vivienda protegida sólo se permita la construcción de viviendas de protección oficial. Y también solicita al Gobierno de las Islas Baleares que aclare quién debería asumir las posibles obligaciones económicas, en forma de indemnizaciones, y de consolidación de derechos urbanísticos que la nueva regulación podría provocar.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Manacor considera imprescindible que el Parlamento de las Islas Baleares garantice la autonomía municipal, especialmente en lo que se refiere a las competencias en ordenación, gestión y ejecución urbanística; en promoción y gestión de la vivienda; en abastecimiento de agua y alcantarillado, y en protección del medio ambiente. E insta al Parlamento de las Islas Baleares ya los diferentes grupos parlamentarios a abrir un diálogo y debate con los municipios y los consejos insulares para buscar alternativas que permitan agilizar y simplificar la tramitación del planeamiento e instrumentos de ordenación municipales y, al mismo tiempo, respeten la autonomía municipal.

Con esta moción, el consistorio manacorense quiere dejar clara su oposición frontal a cualquier modificación legal que afecte a su planeamiento vigente, aprobado en 2022, sin diálogo ni consenso con las instituciones locales.