El Ayuntamiento de Santanyí aprueba una propuesta de resolución para combatir la ocupación ilegal de viviendas

El Ayuntamiento de Santanyí ha aprobado, en la sesión plenaria de febrero, una propuesta de resolución para la erradicación de la ocupación ilegal de viviendas, la defensa de la propiedad privada, la seguridad y la convivencia vecinal. La iniciativa, presentada por el equipo de gobierno municipal, ha recibido el apoyo del pleno e insta al Gobierno de España a tomar medidas urgentes para afrontar esta problemática.

La propuesta remarca el incremento de la ocupación ilegal en las Islas Baleares, afectando tanto a ciudades como a municipios más pequeños, y alerta del peligro que supone para la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana. Además, denuncia la actuación de mafias que aprovechan la situación para sacarle beneficio, a menudo con alquileres ilegales de viviendas ocupadas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santanyí insta al Gobierno de España a desbloquear la tramitación de la Ley contra la ocupación ilegal de viviendas ya aprobar medidas como:

• La recuperación inmediata de los inmuebles ocupados en un plazo máximo de 24 horas.

• El incremento de las penas para aquellos que ocupen ilegalmente viviendas o faciliten este tipo de actos.

• La anulación de la inscripción en el padrón municipal de cualquier ocupante ilegal.

• La posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan actuar legalmente para defender la convivencia vecinal.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha destacado la importancia de esta resolución en defensa de los derechos de la ciudadanía: “La propiedad privada debe protegerse y no puede quedar en manos de quien vulnera la ley. El empleo ilegal genera inseguridad y afecta a muchas familias, por eso exigimos soluciones reales y eficaces para erradicar este problema.”

El Ayuntamiento de Santanyí dará traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España ya la Presidencia del Congreso de los Diputados para que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y el derecho a la vivienda sin fomentar prácticas ilegales.