Actualizado el 15/01/2025 14:23 Compartir
Tras el análisis del proyecto y sus antecedentes por un experto en urbanismo, se han puesto de manifiesto las graves irregularidades en su tramitación.
La delimitación de la UA-11 fue inicialmente aprobada por acuerdo del Ayuntamiento en 2014 pero nunca se ha llevado a cabo en su ejecución urbanística. Además, nunca se realizó el trámite de información pública del proyecto de delimitación pertinente, lo que implica la nulidad del procedimiento.
La aprobación del proyecto presentado se basa en la reiteración de ese acuerdo aunque ha variado sustancialmente su objeto y alcance para promover la reparcelación sólo de una de las 6 unidades de actuación inicialmente contempladas, además de cambiar el sistema de urbanización de cooperación para la compensación. Todo ello sin que conste en la documentación presentada motivación alguna que pueda justificar el interés público que persigue; la memoria de motivación constituye un requisito imprescindible en su tramitación. Su omisión implica la ilegalidad de la actuación.
Con este paso el Ayuntamiento quiere dar vía libre a la concesión de la licencia para la construcción de la macro-urbanización de 72 viviendas en un terreno que no puede considerarse suelo urbano sino suelo urbanizable, según establece la Norma 10 del Plan Territorial de Mallorca, por no disponer de los servicios de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y aceras que establece el artículo 8.a) de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Esta circunstancia se ratifica por disposiciones normativas posteriores, como la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares, o la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
La situación es aún más grave atendiendo a lo establecido en el Decreto-ley 10/2022 de medidas urgentes en materia urbanística, que tiene por objeto el cumplimiento del mandato del Decreto 9/2020 de medidas urgentes de protección del territorio de las Islas Baleares., podríamos estar ante unos terrenos que deberían considerarse rústicos, y que recientemente han sido calificados como inundables en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares (ES110_ARPSI_0009).
Por otra parte, con la ratificación del acuerdo de 2013, el Ayuntamiento de Capdepera pretende iniciar y ejecutar cualquier proyecto de transformación urbanística, evitando la aplicación de la normativa vigente que implicaría la emisión del informe de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer sus necesidades de nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico, entre otros muchos informes preceptivos y vinculantes.
En conclusión, lo que ponen de manifiesto las alegaciones presentadas por la Asociación Salvem Sa Pedruscada es que la construcción de la macro urbanización no es sólo un impacto grave en el medio ambiente, en el paisaje y en la sostenibilidad de la zona, sino que en además cuenta con graves irregularidades urbanísticas en su tramitación, como las expuestas.
Desde el GOB aplaudimos el trabajo de la Asociación que lleva ya mucho tiempo reclamando la paralización de esta macro-urbanización que representa una presión inasumible de recursos en un contexto de grave crisis climática y en una zona de sobresaturación turístico-residencial.
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