Los Socialistas de Mallorca exigen la licitación inmediata de los 30 millones de euros para el proyecto del Tren del Llevant que une Manacor y Cala Rajada

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y portavoz del Grupo de Consejeros Socialistas en el Consell, Catalina Cladera, ha exigido al Gobierno de Prohens que licite las obras por la reimplantación de la vía ferroviaria por el Tren de Levante, entre Manacor y Cala Rajada. Se trata de un proyecto que ya está redactado, que cuenta con partida económica de 30 millones de euros dentro del presupuesto CAIB 2023 por el inicio de las obras, y que permitiría incrementar la capacidad de servicio de los Servicios Ferroviarios de Mallorca nuevos kilómetros de trazado.

"Mallorca no puede permitirse detener este proyecto para llevar el tren hasta Cala Rajada", ha dicho Cladera. La portavoz socialista ha lamentado que “la falta de proyecto y de iniciativas del gobierno PPVOX en materia de movilidad sostenible ha provocado el paro del proyecto que ya cuenta con financiación que proviene del ITS para ejecutar la primera de las anualidad.

En la celebración del Día Europeo de la Movilidad, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Rosario Sánchez ha alertado de las políticas en "favor de la inmovilidad" que ha puesto en marcha el alcalde Martínez, por la renuncia a la extensión del Bici Palma, a ganar espacios peatonales, y para declinar recursos para comprar 21 nuevos autobuses eléctricos de la EMT, que por el contrario “ha tenido que reducir frecuencias

Con este motivo los socialistas han anunciado que se suman al paseo reivindicativo que ha organizado la Plataforma por el Tren de Levante este domingo, coincidiendo con los 25 años de reivindicación popular por la recuperación de este trazado ferroviario, que en la actualidad funciona como corredor verde después de que el gobierno de Bauzá detuviera las obras por la puesta en marcha del tren, que ya había cubierto varias fases por la adecuación del trazado y la compra de los convoyes que debían realizar el servicio desde Manacor.

Cladera ha lamentado que el paro en el impulso del Tren del Levante demuestra que los gobiernos de PPVOX en Baleares y en Mallorca "no tienen ningún interés en potenciar el transporte público de calidad como alternativa a la movilidad privada". Un desinterés que se demuestra con las anunciadas decisiones de desmantelar el carril BUS VAO en la entrada de Palma desde la Autopista de Levante, o la eliminación de la limitación de velocidad a 80 kilómetros/hora en la Vía de Cintura, que en este caso se suma con la intención de incrementar el número de carriles de circulación en algunos tramos de esta vía, como ha anunciado recientemente el conseller Fernando Rubio. "En vez de promocionar la movilidad sostenible, PPVOX dan pasos hacia la insostenibilidad, con más coches, más ruido, más accidentes y más contaminación".

Cladera ha lamentado que la falta de proyecto del PPVOX en el Consell se demuestra cuando sólo pueden apropiarse de proyectos de la anterior legislatura que el sr. Galmés dice ahora que servirán por su plan de 'desembolsar' Mallorca: “el sr. Galmés critica la herencia recibida, pero después no hace más que ponerse medallas por los proyectos de obras viarias en Ses Salines, Sóller o Llucmajor que están licitadas y proyectadas por el gobierno de progreso en el Consell”.

Asimismo, la portavoz del grupo municipal socialista; Rosario Sánchez, ha destacado que el nuevo gobierno de derechas en el Ayuntamiento de Palma ha desarrollado un retroceso absoluto en políticas de movilidad. Un deterioro muy significativo que se ha notado en la calle y que afectan a los ciudadanos que emplean día a día el transporte público. El PP ha renunciado a la mejora de la calidad del aire que respiramos los vecindarios y vecindarios de Palma y ha perdido la financiación para impulsar los cambios necesarios hacia una movilidad sostenible.

Rosario Sánchez ha recalcado sobre el transporte público, “yo creo que esto está en el día a día y en las conversaciones de los ciudadanos para su cotidianidad, porque le está afectando en sus desplazamientos, está afectando a la conectividad de los barrios, está afectando a la conectividad en infraestructuras tan importantes como es la universidad o Son Espases, que es esta reducción de frecuencias y esta reducción de autobuses en la calle, con un deterioro del transporte público que lo que significa también es una falta o una pérdida del de la adaptación de los ciudadanos y ciudadanas en este transporte público, de modo que cuando el Partido Popular dé la noticia; que la dará, que eliminará la gratuidad del transporte público, la gente ya no esté tan adherida y ya no crea tanto en la eficacia de su transporte público que en la última legislatura había más que duplicado su número de usuarios.”

“No saben cuál es la propuesta para la ciudadanía. No saben cómo harán para mejorar ese aire que respiramos, para pacificar el tráfico y para seguir favoreciendo la movilidad sostenible. Y para favorecer esa movilidad sostenible, hacen falta fondo. Y se trabajó en la pasada legislatura para tener estos recursos para impulsar este cambio necesario en la movilidad de Palma.”

Los socialistas han criticado el desperdicio de los fondos europeos "no es una manera de rechazar un proyecto y no es una manera de perder 185 millones". Y se ha anunciado tranquilamente que se perderán 13 millones de fondos europeos, lo que significa que el Bicipalma no llegue a barrios como: Coll d'en Rabassa, Son Sardina, Paseo Marítimo o Cala Major, además de dejar de invertir fondos europeos en 21 autobuses con combustibles alternativos en la ciudad de Palma para mejorar las frecuencias, para mejorar el transporte público, para mejorar la calidad del aire que respiramos y también y también aquellas actuaciones para hacer pacificar hacer agradable el paseo y por desplazamientos a pie.

En conclusión, lo que estamos observando en estos primeros cien días de gobierno, y ahora está en charlar sólo de movilidad sostenible, pero es la tónica general, es una carencia de modelo de ciudad, es un deterioro y un recorte de servicios públicos y, en consecuencia, una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Palma y su carencia de confianza en las instituciones públicas.