Actualizado el 10/10/2022 14:37 Compartir
La secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen, el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos del Govern de les Illes Balears, Juan Pedro Yllanes Suárez y el presidente de Municipios en Transición –ACOM en representación de la FEMP- han mantenido hoy una reunión para activar la elaboración del Convenio de Transición Justa (CTJ) para Alcúdia.
A esta reunión telemática estaban convocados otros departamentos del Govern balear concernidos, responsables de los 13 municipios incluidos en el Convenio, empresas, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones ambientales, centros de estudios y otros agentes representativos de la sociedad civil y se enmarca dentro del Protocolo General de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Alcúdia que firmaron el pasado mes de marzo los gobiernos de España y las Illes Balears y la FEMP que recoge el compromiso de las tres administraciones de trabajar juntas en la elaboración de este Convenio.
Tal y como explicaron la secretaria de Estado de Energía y el conseller de Transición Energética y Sectores Productivos del Govern de les Illes Balears a los participantes, el objetivo del encuentro es abrir vías de comunicación y colaboración que permitan identificar las mejores actuaciones para anticipar un plan de futuro para 13 municipios de la zona que dinamice la economía y el empleo ante el cese progresivo de actividad en la central térmica de Es Murterar.
“El compromiso del Gobierno de España con la Transición Justa es fuerte y así lo demuestran las medidas que estamos desarrollando para para proteger a la población trabajadora afectada por los cierres recientes de las centrales térmicas de carbón, así como para acompañar y apoyar el futuro de los territorios cuyas economías locales han dependido estrechamente de estas actividades. Hoy podemos decir que este proceso que lidera el Instituto para la Transición Justa, ha logrado poner en marcha quince Convenios de Transición Justa que abarcan 197 municipios de ocho comunidades autónomas”, ha declarado Sara Aagesen.
Por su parte, Juan Pedro Yllanes ha indicado que «Mallorca no puede quedarse atrás en la transición energética, y debe abordar esa transición de una forma socialmente justa. El convenio que hoy empezamos a elaborar debe servir como oportunidad para impulsar nuevos sectores productivos, por tanto, es vital que tenga el mayor consenso y las mejores propuestas. La zona de Alcúdia ha sido un importante polo económico y laboral a lo largo de las últimas décadas. La llegada de fondos destinados a asegurar que se produzca una transición justa, inclusiva y participativa es esencial no solo para la zona, sino también para toda Baleares. Este proceso es una oportunidad para diversificar el tejido económico de la zona hacia nuevos sectores que ofrezcan empleos estables y de calidad».
Para facilitar a las administraciones autonómica y local, a los agentes sociales y la sociedad civil la posibilidad de proponer actuaciones y proyectos, el Instituto para la Transición Justa mantiene abierto el proceso de participación pública para canalizar sus aportaciones y que serán la base del Convenio de TJ de Alcudia. Las iniciativas serán analizadas en términos de generación y diversificación de actividad económica y empleo y de su sostenibilidad ambiental, entre otros factores. El ITJ ayudará a identificar las líneas de financiación más apropiadas para llevarlas a cabo con medios propios o a través de fondos europeos.
A través de esta vía ya se han recogido iniciativas para recuperación de espacios naturales, la reconversión de la antigua central térmica o el desarrollo de un proyecto fotovoltaico; aunque con esta reunión de trabajo se espera ampliar las contribuciones y propuestas locales.
Líneas de ayudas para las zonas de Transición Justa
Para la dinamización económica del Convenio de Alcúdia, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) del MITECO ha informado sobre sus instrumentos de apoyo, tales como el programa cultural Dinamiz-ARTj y las próximas líneas de ayudas para apoyar a las empresas y los pequeños proyectos de inversión que generen empleos o mantengan los existentes.
Adicionalmente, las políticas energéticas del Gobierno otorgan prioridad a las zonas de Transición Justa a la hora de participar en los nuevos proyectos de energías renovables. Así sucede en el paquete de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE-ERHA). De esta manera, los proyectos energéticos emplazados en los municipios del Convenio de Transición Justa de Alcúdia obtendrán una puntuación extraordinaria en las convocatorias habilitadas.
Actualmente se encuentran abiertas las convocatorias de ayudas para proyectos de redes de calor y frío mayores de 1MW, que cuenta con 200 millones, y para proyectos singulares de instalaciones de biogás con una dotación disponible de 150 millones de euros.
Próximamente están previstas la convocatoria de ayudas para la repotenciación eólica, las centrales de mini-hidráulica y para el reciclaje de palas por un importe de 150 millones, además de la convocatoria para proyectos piloto y plataformas de ensayo de renovables marinas que contará con un presupuesto de 200 millones.
Fondos Europeos para la Transición Justa
A estos fondos se suma la dotación de 300 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para políticas de Transición Justa, recogida en su Componente 10 que se han destinado a infraestructuras digitales sociales y ambientales, a la recualificación de los trabajadores para mejorar su empleabilidad y a la investigación y al desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde y almacenamiento energético, entre otras líneas de actuación.
Además, recientemente la zona de transición justa de Alcúdia, afectada por el cierre de la central térmica de carbón de Es Murterar, ha sido incluida en el Fondo de Transición Justa Europeo del que recibirá 17,3 millones, el 2% del total de los fondos que han correspondido a nuestro país.
Se trata de un nuevo mecanismo de ayuda de la UE que tiene como objetivo prestar apoyo a la población, la economía y el medio ambiente de los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición de energía y clima.
El Fondo de Transición Justa será gestionado por la Comunidad Autónoma, en coordinación con el Instituto para la Transición Justa, para generar nuevas actividades económicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en las zonas afectadas por la transición energética y a la recualificación e inserción en el mercado laboral de trabajadores y población afectada.
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