El PP de Palma presenta una queja ante el alcalde Hila por la reiterada impuntualidad del regidor Jarabo

El PP de Palma, por medio de su portavoz en Cort, Mercedes Celeste, ha presentado hoy una queja formal dirigida al alcalde Hila en relación a las reiteradas faltas de puntualidad a las reuniones del Consejo de Administración de la EFM por parte del regidor Alberto Jarabo, empresa municipal de la cual es presidente, “llegando incluso a los 40 minutos de retraso en alguna ocasión”.

En el escrito dirigido al alcalde Hila, el PP de Palma explica que los constantes retrasos de Jarabo provocaron que la formación abandonase ayer la reunión del Consejo de Administración 20 minutos después de que a la hora prevista de inicio no hubiesen comparecido ni el presidente ni el vicepresidente de la empresa. Además del PP de Palma, los restantes partidos de la oposición también abandonaron la sala en señal de protesta. En ese escrito, además, se pide a Hila que adopte las medidas que estime oportunas para que esta situación se corrija en el futuro.

Montserrat Oliveras, consejera en representación del PP de Palma, explica que antes de abandonar la sala donde debía celebrarse la reunión solicitó varias veces al gerente de la empresa que consultara por teléfono a Jarabo cuándo tenía prevista la llegada sin obtener respuesta concreta. También propuso que, ante la tardanza, fuera el vicepresidente el que sustituyera al presidente, pero al estar también ausente no se podía iniciar la sesión del Consejo.

Ante esta nueva falta de puntualidad de Alberto Jarabo, la imposibilidad de sustitución por parte del vicepresidente, y a la vista de los precedentes, pasados veinte minutos después de cumplirse la hora de inicio de la convocatoria, Oliveras optó por ausentarse.

A esta constante situación irregular se suma la "aprobación" de las actas de las sesiones del Consejo de la EFM sin la supervisión previa por parte de los consejeros. El acta tampoco se somete a votación como punto del orden del día en la sesión siguiente al consejo, ni se ofrece posibilidad de revisión o enmienda por parte de los asistentes lo que, apunta Oliveras, “supone un claro quebrantamiento de los derechos de los consejeros”.