Actualizado el 24/06/2021 13:11 Compartir
Este hecho va a motivar ya que el Ayuntamiento deba hacer frente a indemnizaciones millonarias por el tiempo transcurrido desde que se obligó a aplicar el Decreto ilegal hasta la fecha. “Estamos calculando las pérdidas sufridas, local por local, haciendo la comparativa de lo recaudado en los años anteriores en el turno de cenas, y el coste a que el Ayuntamiento deberá hacer frente se acerca ya a los dos millones de euros”, manifiesta Alfonso Robledo, presidente de Restauración CAEB.
A pesar de la contundencia de las sentencias y de la predisposición que el sector ha mostrado en negociar, la posición del Ayuntamiento parece ser inamovible "y no van a permitir la apertura en horario normal a pesar de que saben que la apelación fallará a favor del sector", asegura Restauración CAEB.
Miquel Planas, abogado del despacho Monlex Abogados y que asesora la Asociación de Restauración CAEB, manifiesta que "el sector de restauración no puede compartir la decisión municipal de mantener en el tiempo una situación que los responsables políticos de Palma saben que no se ajusta a derecho. Ello va a suponer incrementar el coste de las indemnizaciones a abonar por el cierre obligado a las 23 horas durante toda esta temporada turística. Esta decisión tendrá un coste aproximado a los dos millones que ya se han devengado que, lamentablemente, quienes lo terminan pagando somos todos los ciudadanos de Palma”.
Desde el sector aseguran que se han agotado todas las vías de negociación con el Ayuntamiento y que parece que no entienden la razón de la inacción del consistorio, desconociendo incluso si existe algún tipo de desencuentro entre el alcalde, José Hila, y Alberto Jarabo, responsable directo de la decisión de apelar una sentencia que se sabe prevé perdida.
Y es por lo que el sector asegura que en aplicación de lo que dispone la Ley, una vez reconocidas las indemnizaciones a abonar por el Ayuntamiento de Palma, se ven obligados a solicitar la responsabilidad personal de técnicos y políticos responsables de las indemnizaciones.
"Las decisiones las adoptan gente con nombre y apellidos, que, escudados en el Ayuntamiento ven como sus caprichos salen gratis. La Ley prevé esta derivación de responsabilidad, del pago de las indemnizaciones, a los responsables de las decisiones, y estas indemnizaciones las pagarán las que las han adoptado. Hemos de plantarnos y exigir que pague quien decide, quizás así las reflexiones serán más profundas”, finaliza un asociado afectado de la zona de La Lonja.
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