Actualizado el 04/03/2016 06:28 Compartir
Los populares reclaman el cumplimiento íntegro de la sentencia, que no solo decreta la obligación de desmontar los módulos y trasladarlos fuera de su ubicación actual, sino que también anula todos los acuerdos de la junta de gobierno adoptados en relación a este tema.
Así lo han explicado, en rueda de prensa, la portavoz del grupo municipal, Marga Durán, y la regidora del PP Lourdes Bosch, que ha realizado un breve recorrido histórico de los acontecimientos recogidos en la sentencia judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que dicta la nulidad de todas las decisiones que afectan a la ubicación de los módulos en es Molinar, en 2009, adoptadas por el equipo de gobierno del que formaba parte, en su condición de teniente de alcalde, el actual primer edil, José Hila.
La edil del PP ha incidido en el hecho de que "con la sentencia en la mano, el convenio con la promotora es nulo de pleno derecho, y, en consecuencia, el porcentaje de los terrenos de Son Ferragut a los que el Ayuntamiento de Palma renunció a favor de la empresa deberían retornar al patrimonio municipal".
Igualmente, Bosch ha afirmado que el escenario judicial emanado de la sentencia del TSJB "crea dudas" acerca de si el coste de la reubicación de los módulos en el solar de son Armadans que el Consistorio ha escogido, y que asciende a 400.000 euros, "debe ser sufragado por Cort o bien es un dinero que los ciudadanos de Palma pueden ahorrarse".
Como se recordará, la intención del equipo municipal es que los módulos de es Molinar, que nunca han entrado en funcionamiento a lo largo de todos estos años a causa de los pronunciamientos judiciales contrarios a la operación, se reubiquen en son Armadans.
Con este motivo, la junta de gobierno celebrada este miércoles aprobó iniciar los trámites pertinentes para elevar a la consideración del pleno el cambio de usos urbanísticos de este solar, actualmente reservado para proyectos de carácter sociocultural y que, en virtud de esta modificación, pasarían a adquirir la calificación de asistencial.
Sin embargo, como ha expresado la portavoz del grupo municipal, Marga Durán, "es hora de parar máquinas y defender de verdad los intereses de los ciudadanos. Mientras no esté claro en qué términos y bajo qué parámetros debe ejecutarse la sentencia del Tribunal Superior, todas las actuaciones previstas en son Armadans deben paralizarse a la espera del correspondiente informe judicial".
Durán ha aconsejado al equipo de gobierno que "no se deje llevar, una vez más, por la precipitación y las prisas.
Antes de actuar en son Armadans, y suprimir un solar sociocultural que el barrio necesita para paliar su carencia de infraestructuras comunitarias, el Ayuntamiento de Palma ha de tener claro a qué obligaciones ha de responder con arreglo a la sentencia".
La portavoz del PP ha indicado que la desinstalación de los módulos "ha de acometerse en las fechas previstas, pero eso no significa que, automáticamente, los módulos deban trasladarse al solar de son Armadans. Pueden perfectamente quedar almacenados a la espera de que el informe judicial arroje luz a esta controvertida situación", han concluido.
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