
Actualizado el 02/06/2015 20:31 Compartir
Tal y como subrayan las tres formaciones, el código forma parte de las bases de un futuro acuerdo que permita conformar un equipo que "haga de la participación la transparencia y la rendición de cuentas sus señas de identidad" en la ciudad.
Además, destacan, este código ético será compartido por el equipo de gobierno y además cada una de las tres fuerzas políticas continuará aplicando a sus miembros su propio código ético y de buenas prácticas, lo que constituye un doble sistema de garantía.
En concreto, el código incluye una comisión de seguimiento que resolverá los conflictos que se puedan derivar. Este código ético se añade al Código de Buen Gobierno Local suscrito por el Ayuntamiento de Palma.
Los principios generales del acuerdo pasan, entre otros aspectos, por el cumplimiento de la labor institucional "con lealtad a la ciudadanía, integridad, sencillez, compromiso, honradez, moralidad, transparencia, austeridad, ejemplaridad, plena dedicación al servicio público y con rendición de cuentas".
Asimismo, los tres partidos abogan por velar por el buen uso de los bienes públicos y por una gestión de los recursos públicos basada en principios sociales y ecológicos de eficiencia, equidad y eficacia; la realización de la labor pública de forma inclusiva, con respeto a la diversidad social, cultural y de género, entre otras, y por la renuncia a cualquier privilegio derivado de la condición de representante público, incluyendo la asignación de vehículo oficial de carácter permanente salvo recomendación expresa de los cuerpos de Seguridad.
Las tres formaciones apelan asimismo a la inhibición en la toma de decisiones y abstención de optar a cargos con el objetivo de representar intereses personales, "anteponiendo siempre los intereses generales sobre los particulares"; impulsar el laicismo en las instituciones públicas, reconociendo y respetando la diversidad religiosa, y prohibir la contratación con el Ayuntamiento de aquellas empresas que operen o tengan sucursales en paraísos fiscales.
En cuanto a la retribución de los cargos electos, han acordado la limitación salarial según las respectivas exigencias de cada formación política, mientras que el exceso salarial "podrá ser destinado a donaciones a instituciones, partidos y / o entidades sin ánimo de lucro".
Del mismo modo, abogan por la congelación salarial durante toda la legislatura, "sin que sea posible ni siquiera un aumento del IPC correspondiente al respectivo año en curso" y, respecto a los posibles obsequios a recibir, estipulan que no se podrán aceptar regalos, sean en efectivo o en especie, favores o servicios que procedan de una persona física o jurídica relacionada directa o indirectamente con su actividad política y cuyo valor supere los 60 euros.
Tampoco se podrán acumular regalos procedentes de la misma persona, organismo o empresa, cuya suma de valores sea superior, igualmente, a los 100 euros durante el período de un año.
En este sentido, establecen que cuando un regalo u obsequio exceda de las cuantías señaladas será rechazado y, en su caso, devuelto a la persona de procedencia en el plazo de cinco días. Cuando esta devolución no sea posible, se procederá a su integración en el patrimonio de la administración o, si no resulta posible, se dará a una entidad sin ánimo de lucro.
"Todo regalo u obsequio que se reciba quedará plasmado en un registro", abundan desde MÉS, Som Palma y PSIB, que, en cuanto a una posible implicación en procedimientos judiciales, abogan por la renuncia al cargo público en caso de apertura de juicio oral y / o condena por delitos vinculados a temas de corrupción, libertad e indemnidad sexual (acoso, abuso o violación), contra la integridad moral, violencia de género, pederastia y maltrato infantil.
En los supuestos de imputación se pondrá el cargo a disposición de la valoración que realice la comisión de seguimiento del Código, que será la que resolverá definitivamente.
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