La Plataforma de Afectados por la Hipoteca acusa a Cort de no llevar a cabo actuaciones reales que garanticen el derecho a una vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha acusado este jueves al Ayuntamiento de Palma de no llevar a cabo actuaciones reales que garanticen el derecho a una vivienda digna y, además, ha considerado que el Consistorio ha apoyado algunas mociones sobre esta materia presentadas por la oposición porque no hacerlo le generaría "impopularidad".

Durante su intervención en el pleno de este jueves, la PAH ha asegurado que las frases que se han podido oír en los pasillos de Cort, como 'Declaración honorífica' refiriéndose a la moción 'Palma Ciudad Libre de Desahucios', o "esto no lo van a conceder" cuando se hablaba de un alquiler social de 150 euros al mes durante cinco años para las 16 familias de Son Gotleu, "definen la política de vivienda de este consistorio".

Por ello, ha mostrado su lucha "para que esas mociones que parecen quedar en papel mojado, sean una realidad, asumiendo como ciudadanos el trabajo que ustedes no son capaces de realizar".

En este sentido, han apuntado que "sí se puede" lograr el alquiler social de las 16 familias de Son Gotleu en las condiciones exigidas por la Plataforma, luchar para que la banca dé segundas oportunidades realmente viables o evitar los desahucios y conseguir viviendas dignas para todos los ciudadanos.

Según han lamentado en su intervención, Palma cuenta con miles de viviendas vacías en manos de la banca, que no tienen el uso social para el que fueron construidas.

INSTAN A CORT A ADOPTAR MEDIDAS EFECTIVAS

Por ello, han instado a Cort a adoptar medidas efectivas, a recuperar estos inmuebles para ponerlos a disposición de las "familias que no pueden ni podrán acceder a una vivienda digna a precio de mercado".

En caso contrario, ha advertido que, "igual que empezamos a parar desahucios y hoy en día la mayor parte de la población lo entiende como un acto legítimo, tomaremos las medidas de realojo de las personas bajo el amparo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que reconoce que no se puede desalojar a nadie de su hogar sin una alternativa habitacional viable".

En cuanto a la oficina antidesahucios, ha indicado que, si bien cualquier ayuda a las personas que se encuentran en procesos de ejecución hipotecaria es útil en cuanto pueda ayudar a resolver la problemática de alguna familia, los criterios de admisión a este servicio y las tareas que realizan "quedan muy lejos de lo deseable para que tenga un efecto real sobre la incidencia de los desahucios en nuestra ciudad".

Según ha explicado, los criterios de admisión, "calcados de la Ley 1/2013", caen en el mismo déficit por el que esta normativa ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, puesto que "discriminan a personas por criterios muy aleatorios y atentan contra los derechos humanos por su falta de universalidad y los derechos del niño, por su limitación a familias con hijos menores de tres años".

"El trabajo de asesoramiento es positivo pero estéril sin un empoderamiento de las personas ante los bancos que crean un muro basado en mentiras y tecnicismos que una persona de a pie es incapaz de entender y discernir si lo que le dicen es verdad o no", ha opinado.