GOB advierte que la nueva Ley Agrícola abre la puerta a una nueva ola de especulaciones en terrenos rústicos

GOB Mallorca ha presentado algunas alegaciones muy fuertes en el proyecto de Ley Agrícola de las Islas Baleares, en el que denuncia que el texto representa otro paso dentro de la estrategia de desmantelamiento de la protección territorial y ambiental que el Gobierno está promoviendo a través de sucesivos decretos-ley y reformas regulatorias.

La entidad considera que la nueva Ley no defiende el campo ni el campesinado, sino que forma parte de una ofensiva legislativa que pone el territorio al servicio de la especulación urbana, energética y turística. Después del Decreto-Ley y de la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, el Decreto-Ley y la Ley de simplificación administrativa o la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, este nuevo texto sitúa a los terrenos rústicos en el centro del negocio, desregulándolo y debilitando los mecanismos de control público.

“Esta ley es otra pieza de un equipo de desregulación que desmantela la protección ambiental y urbana de las Islas. No es una ley agraria: es una ley para colonizar el campo”

Es una ley hecha a medida para convertir el campo en un espacio de inversión y no de producción. En lugar de proteger las tierras agrícolas, el Gobierno abre la puerta a una nueva ola de edificios, usos indebidos y legalizaciones masivas en el sector rústico.

Una ley que distorsiona la función de la tierra agrícola

De acuerdo con las alegaciones del GOB, el anteproyecto:

• Permite la legalización de edificios ilegales anteriores a 1991, lo que equivale a una amnistía urbana encubierta, contrariamente a la Ley 12/2017 de Urbanismo.

• Autoriza nuevas construcciones en pequeñas parcelas bajo la etiqueta de “ocio o autoconsumo”, que pueden multiplicarse por miles y transformar el paisaje rural en una red de chalets y edificios dispersos.

• Reemplaza las autorizaciones ambientales por declaraciones responsables, eliminando la evaluación de impacto anterior.

• Incluye cambios ocultos en la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO) y la Ley del Urbanismo, debilitando la protección de los espacios naturales y vaciando los consejos insulares de competencias.

• Promueve la instalación de energías renovables en terrenos agrícolas productivos, sin garantías ni limitaciones, y permite estructuras agrovoltaicas de hasta 6 metros de altura, con un fuerte impacto paisajístico.

• Consolidar las macrogranjas, manteniendo el modelo intensivo e ignorando los riesgos de la contaminación por nitratos y el impacto en los acuíferos.

• Subordina la gestión forestal a criterios económicos, abre la puerta a la privatización de la gestión pública y fomenta la explotación de la biomasa sin garantías ambientales.

Una nueva fase de la falta de protección del territorio.

El GOB recuerda que esta Ley forma parte de una ofensiva política de desregulación territorial y urbana que el Gobierno ha desplegado desde el inicio de la legislatura.
Esta cadena reguladora —decreta la ley, las reformas y las leyes sectoriales— tiene un patrón común: reducir los controles, promover la iniciativa privada y permitir la expansión de los usos en la tierra hasta ahora protegida.

“Cada nueva regla abre un agujero en la planificación del territorio: ahora es el turno del campo. Con esta Ley Agrícola, el Gobierno liquida décadas de progreso en la protección de la tierra rústica y la planificación territorial”.

La entidad advierte que el conjunto de estas reformas pone en riesgo la coherencia territorial, la soberanía alimentaria y la supervivencia del paisaje rural, y convierte la tierra agrícola en un espacio de rentabilidad económica inmediata, desvinculado de su función social y ecológica.

GOB exige la retirada del texto y la apertura de un nuevo proceso participativo

GOB Mallorca pide la retirada inmediata del proyecto de Ley Agrícola y la apertura de un proceso participativo real con el sector agrícola, las entidades ambientales y los ciudadanos.
El objetivo debe ser redactar una ley que proteja la tierra agrícola como recurso estratégico, garantice la viabilidad de los campesinados a pequeña escala y proteja el territorio contra la presión de la especulación.